El Gobierno andaluz aprobó ayer el proyecto de Ley de Memoria Democrática que, entre otras cuestiones, permite a la Junta la "ocupación" de terrenos privados de interés para la exhumación de fosas y obliga a las instituciones a retirar todos los símbolos del franquismo en un plazo de 18 meses.

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas (IU), destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esta ley era "una de las más sentidas" por esta formación política, por lo que aseguró que se sienten "orgullosos y felices". En su opinión, este proyecto legislativo, que ahora se remite al Parlamento andaluz es "una ley superadora", impulsada para "no permitir el olvido de miles y miles de luchadores por la democracia y la libertad", y que nace con una dotación de 10 millones de euros para el próximo quinquenio.

La ley "obliga" a la Junta a adoptar todas las medidas para la localización, exhumación e identificación de las víctimas andaluzas del franquismo, para lo que se establecerá un protocolo de actuación, en concordancia con lo establecido por Naciones Unidas, con la creación de un banco de ADN.

SITIOS DE MEMORIA HISTORICA También asumirá la Administración andaluza la elaboración de un catálogo de lugares de memoria histórica, que gozarán de protección legal y en los que no se podrán parcelar, edificar o demoler, para lo cual se establecen sanciones de hasta 150.000 euros.

Respecto a la retirada de los símbolos franquistas, que se deberá ejecutar en un plazo máximo de 18 meses, a diferencia de la ley estatal, no se permitirá su conservación por razón artística alguna y la Junta los retirará subsidiariamente si no lo hace antes la entidad implicada. La ley establece sanciones de hasta 10.000 euros por el incumplimiento de este precepto.

Como víctimas andaluzas del franquismo, de quienes se elaborará un censo oficial, se cita a los fusilados, guerrilleros, condenados, exiliados, familiares de desaparecidos y represaliados, así como niños robados y quienes sufrieron tortura en campos nazis.

La Junta instituirá el 14 de junio como día oficial de homenaje a estas víctimas e instará a los ayuntamientos a que dignifiquen las fosas comunes en los cementerios.