Las organizaciones que representan a las denominaciones de origen de vino a nivel nacional y comunitario han mostrado su rechazo a la propuesta de reforma del sistema de indicaciones geográficas protegidas (IGP) que ha planteado la Comisión Europea pues, a su juicio, «debilitaría las figuras de calidad en lugar de reforzarlas», además de «complicar su gestión en vez de simplificarla y socavar el vínculo de las IGP con el desarrollo rural, en lugar de fortalecerlo».
Tanto la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv) –a la que pertenece Montilla-Moriles– como la European Federation of Origin Wines (EFOW) denuncian que la propuesta legislativa presentada por la Comisión Europea «carece de visión, de claridad y de ambición».
«Podría poner en peligro la fortaleza del sector, debilitando las figuras de calidad que, en las últimas décadas, se han convertido en verdaderos motores de la calidad y del prestigio del vino y del resto de productos agroalimentarios de nuestro país y de la Unión», apuntan ambas entidades.
Por ello, estas organizaciones añaden que «no se puede plantear una reforma para reforzar el sistema de IGP sin tener en cuenta las necesidades que las propias indicaciones geográficas vienen trasladándole a la Comisión desde que, a principios de 2021, comenzó a gestarse esta propuesta».
En esta línea, apuntan que la propuesta de la Comisión no solo no simplifica la gestión de las IGP, sino que «la complica», al pretender «externalizar» parte de las tareas y responsabilidades en materia de gestión a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, lo que, a juicio de los denunciantes supondría un «reduccionismo del concepto de indicación geográfica», al centrar parte de su política en el ámbito del derecho de propiedad intelectual.
«Una indicación geográfica no es una expresión de intereses privados que solo protege un nombre o un signo», recalcan desde EFOW y Cercv, para añadir que las IGP representan «derechos colectivos que desempeñan funciones públicas sobre los productos agroalimentarios».
Asimismo, los consejos reguladores del vino sostienen que aunque la propuesta pretenda «simplificar» el sistema de indicaciones geográficas, «en realidad complica su gestión» porque «multiplica el número de interlocutores institucionales para las IGP».
«Es preocupante que la Comisión Europea no proporcione más detalles sobre el funcionamiento del nuevo sistema de indicaciones geográficas en su propuesta, atribuyéndose en la misma, por el contrario, múltiples poderes delegados que permitirían a la Comisión decidir sobre ellos con un amplio margen, por vía de legislación secundaria», advierten.
Una entidad sin ánimo de lucro que defiende las figuras de calidad
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv) es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional que vertebra las denominaciones de origen de España y que constituye el representante «legítimo, paritario y exclusivo» de sus intereses, gracias a estar reconocida por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente como «entidad representativa del sector vitivinícola en relación con las figuras de calidad». Por ello, junto a la European Federation of Origin Wines (EFOW) «trabajará intensamente» con el Parlamento Europeo y con los Estados miembros en los próximos meses, durante el proceso de tramitación legislativa de este proyecto, para lograr una «política sólida» de indicaciones geográficas protegidas (IGP).
Una reforma en los términos de la planteada no es necesaria ni demandada por las figuras de calidad, que sí están satisfechas con las actuales disposiciones que sobre las indicaciones geográficas introdujo en diciembre del año pasado la nueva PAC.
