Las administraciones se están enfrentando a casos de viviendas en alquiler ocupadas irregularmente por sus moradores, que no son sus legítimos adjudicatarios. La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), y el Ayuntamiento, a través de Vimcorsa, se han topado con más de medio centenar de viviendas de su parque residencial ocupadas de manera irregular, en las que están tomando medidas. La empresa de la Junta ha identificado 52 viviendas en las que residen familias diferentes a las que debían estar, mientras que la del Ayuntamiento se ha encontrado con media docena de casos así.

La Consejería de Fomento y Vivienda está llevando a cabo un plan estratégico para la mejora de la gestión y el control de su parque público de viviendas centrado en el alquiler, ya que el resto de sus inmuebles ya han sido adquiridos por sus residentes o están en proceso de compra por los mismos. AVRA posee en Córdoba 8.408 viviendas, de las que 5.428 tiene en régimen de arrendamiento y son las que entran a formar parte de ese plan. El resto de pisos, 2.980, son en régimen de compraventa y acceso diferido a la propiedad. Hasta diciembre del 2016, y según fuentes de Fomento y Vivienda, AVRA ha visitado en Córdoba 3.365 viviendas de las 5.428 que tiene en régimen de alquiler, detectando 52 situaciones irregulares, que suponen solo el 1,5% del total, aunque, como le queda trabajo que hacer, pueden aflorar más. Las mismas fuentes señalan que las familias que residen en esas viviendas carecen del título de adjudicación, por lo que las ocupan sin autorización de su titular.

La delegada de Fomento y Vivienda, Josefina Vioque, ha explicado que este plan «pretende hacer cumplir la legalidad en este extenso parque público, que ejerce en la comunidad una función social de primer orden al facilitar el acceso a una vivienda a familias con escasos recursos, además de fomentar la regularización de residentes y evitar situaciones anómalas». Vioque asegura que el control y verificación del parque de vivienda persigue dos objetivos, «conocer quiénes residen realmente en esas viviendas, cuál es la situación de cada una de esas familias, cómo conservan sus hogares y qué necesidades tienen», además de «regularizar la ocupación». A esto se une que el plan «contempla también medidas para dar respuesta a la precaria situación que atraviesan muchas familias, como consecuencia de la crisis, y que tienen serias dificultades para afrontar los pagos por el alquiler de sus viviendas, con el objetivo de facilitar su permanencia en las mismas».

Por su parte, el gerente de Vimcorsa, Rafael Ibáñez, indica que la empresa no tiene ese programa específico de verificación «porque el parque es más gobernable, con solo 1.000 pisos, y por el perfil de las viviendas». Añade que «en nuestras viviendas hay comunidades de vecinos constituidas que funcionan y si se produce una vacante por fallecimiento, compra o traslado, hacemos rápidamente la sustitución». Vimcorsa tiene además un servicio de acompañamiento social a las comunidades. En el año y medio que lleva al frente de Vimcorsa, se ha encontrado media docena de casos que «se han resuelto dialogando con las familias», por lo que «no hay ocupaciones crónicas». A su juicio, «el tiempo de reacción debe ser rápido para que las situaciones no se consoliden». No obstante, afirma que también se produce «picaresca», por lo que insta a «velar por que el acceso a la vivienda sea el que establece la norma».