El Defensor del Pueblo Andaluz ha presentado en el Parlamento un informe en el que da "una llamada de atención" a los ayuntamientos para que apuesten por la seguridad, la accesibilidad y la calidad ambiental de los espacios peatonales y en el que alerta sobre el uso abusivo de los veladores. El documento, centrado en municipios de más de 20.000 habitantes, entre ellos Córdoba, Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Palma, Priego y Puente Genil, concluye que el espacio público peatonal está siendo "invadido por todo tipo de instalaciones y mobiliario urbano, limitando ostensiblemente la accesibilidad". Entre sus propuestas está elaborar un mapa de los obstáculos existentes y evaluar los riesgos que entrañan para el peatón; vigilar la "colocación anárquica y sin autorización" de sillas, veladores, carteles, anuncios y demás; y recoger en las ordenanzas limitaciones a todos esos elementos para "impedir que su colocación contravenga gravemente la percepción de la ciudad y de los valores inherentes a su arquitectura y paisaje".
El diagnóstico: "un abuso en la ocupación"
El Defensor del Pueblo reconoce los beneficios de terrazas y veladores pero denuncia su "proliferación" y "el abuso en la ocupación del dominio público peatonal", que "a veces con licencia municipal y, frecuentemente, sin ella, o extralimitándose", ha supuesto "una usurpación de gran parte del espacio que ya tenía ganado la población". Esto ocurre, sobre todo, a raíz de la ley antitabaco y por la crisis, que ha derivado en "un bosque publicitario" de reclamos para atraer clientes. Añade que esa ocupación excesiva "se produce a plena luz del día, de manera permanente y, por tanto, con claro conocimiento de quienes deben velar porque el espacio público sea lugar de convivencia y disfrute para toda la ciudadanía".
A Pata y la "burbuja de la hostelería"
El informe incluye las consideraciones de asociaciones como la cordobesa A Pata, que asegura que se está produciendo una "burbuja de la hostelería" al invadirse aceras y zonas peatonales con "mesas, toneles, sillas, pizarras abatibles de publicidad, macetones, estufas, ventiladores en columna, vallas, toldos verticales y estructuras no desmontables". Añade que los veladores acaban ocupando un espacio superior al concedido, lo que hace que no se respeten ni los 1,80 metros mínimos desde la fachada. Asegura que en los últimos tres años ha presentado unas cien denuncias "sobre falta de accesibilidad por excesiva ocupación de los veladores" en Urbanismo, pero "el procedimiento es muy lento y en ocasiones desaparece el establecimiento antes de que se solucionen los problemas" o el seguimiento "es muy difícil por la falta de respuestas de la unidad de Vía Pública", que, "en la inmensa mayoría de los casos, no responde por escrito a nuestras comunicaciones". Como "casos paradigmáticos de abuso" pone La Corredera y las calles María Cristina y de La Plata, donde hay "una colmatación brutal". A Pata denuncia que la ordenanza se incumple y echa en falta un servicio de inspección que obligue a cumplirla. No obstante, se muestra a favor de veladores y terrazas "siempre que se dispongan de forma ordenada". Por último, pide que se exhiba el croquis obligatorio, que se permita el uso de aparcamientos, que un 33% del acerado como mínimo quede libre y que se delimite con marcas el espacio. Al margen de este informe, A Pata explicó ayer que ha pedido por escrito a Urbanismo una copia del plan de inspección de veladores que está llevando a cabo.
Falta un plan global que plasme los obstáculos
El documento del Defensor del Pueblo incluye las respuestas de los ayuntamientos a distintas preguntas. Según el mismo, el Ayuntamiento de Córdoba ha realizado planes parciales pero no un análisis global de los obstáculos existentes y las medidas para evitar riesgos. Tampoco revisa el estado y localización de señalizaciones y mobiliario una vez al año, aunque sí de forma esporádica. El Ayuntamiento cree "muy conveniente" un plan anual y no solo responder a inspecciones concretas o denuncias ciudadanas y asegura que sí se proponen sanciones "y son un instrumento útil". Por último, admite que "es un problema que necesita una respuesta global" con "medidas de sensibilización, educación y de carácter coercitivo". El Defensor del Pueblo lamenta que ningún municipio tenga ese plan integral con condiciones de seguridad para el peatón.
