El Ministerio fiscal avanzó ayer que recurrirá la sentencia del juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba en la que se condena al empresario Rafael Gómez a cinco años y tres meses de prisión por la comisión de dos delitos fiscales, y al abono de multas por un valor próximo a los 112 millones de euros, así como a indemnizar con 29 millones de euros a Hacienda, al entender que esta fue la cantidad defraudada con los impagos del impuesto de Sociedades en las empresas Arenal 2000 y Arenal 2001 en el año 2006.
El fiscal Fernando Santos informó de que la sentencia será recurrida en apelación ante la Audiencia provincial de Córdoba, «en relación a aquellas pretensiones que no han sido recogidas». De este modo, había solicitado para el empresario la pena de 40 años de prisión por la comisión de diez delitos y, finalmente, ha sido condenado a solo cinco años y tres meses. Asimismo, también pedía 19 años y tres meses de cárcel para cada uno de sus cuatro hijos, que fueron acusados de siete delitos, pero estos han quedado absueltos al entender el magistrado titular del Penal 3 de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, que «quien realmente tomaba las decisiones y llevaba las riendas del grupo era Gómez, mientras que su esposa e hijos eran meros empleados del entramado empresarial y se estima que realmente no tenían conocimiento de la marcha y las decisiones de las empresas del grupo, limitándose a firmar los documentos que se le ofrecían».
Por otra parte, la defensa del empresario recurrirá la sentencia para solicitar que se le absuelva. Fuentes judiciales consultadas ayer aclararon que, aunque de momento el juez haya decretado la libertad provisional sin fianza, Rafael Gómez tendría que entrar en prisión y cumplir la condena si se ratifica la sentencia. Además, en caso de no abonar la multa que le ha sido impuesta, se le añadirían otros seis meses de privación de libertad.
El juicio a Rafael Gómez y sus hijos comenzó el pasado 16 de enero y se prolongó durante dos semanas. Cabe recordar que las actuaciones se iniciaron a raíz de denuncias presentadas por la delegación central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y de un escrito de la Fiscalía provincial. El fiscal ha sostenido que se llegaron a defraudar 53 millones de euros con la comisión de distintos delitos fiscales. Por otra parte, ayer confirmó a este periódico que no recurrirá la resolución en la que fue decretada la libertad provisional sin fianza para este empresario.
