Hace dos años entró en vigor la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación de espacios Urbanos, con el objetivo de fomentar el ahorro energético de aquellos edificios que superen los 50 años al llegar al 2018, lo que supondrá un desembolso para los comuneros.
Este no será el único gasto. En el 2017 serán obligatorios los ajustes de accesibilidad para garantizar que las personas con discapacidad puedan utilizar los elementos comunes en las mismas condiciones que el resto de vecinos. Las obras para eliminar estas barreras no son baratas. Por ejemplo, las plataformas para salvar escaleras cuestan de 7.000 euros en adelante, y colocar un ascensor puede llegar a los 80.000 euros.
El Observatorio de las Comunidades de Propietarios señala que rehabilitar un parque de más de 25 millones de viviendas donde la mitad de ellas tiene más de 30 años, y una quinta parte más de medio siglo, es una tarea complicada puesto que el 41% de los propietarios no podrán asumir ningún coste extraordinario para sufragar este tipo de gastos.
