Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias exigieron ayer al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que aplace un año la implantación de la Lomce en ESO y Bachillerato prevista para el curso 2015-2016 y han advertido de que no podrán tener listos los desarrollos curriculares en el plazo establecido.
En rueda de prensa conjunta en el Congreso de los Diputados, responsables de Educación de estas cuatro comunidades, que representan a más del 50 por ciento del alumnado no universitario, han criticado la aprobación, el pasado 26 de diciembre en Consejo de Ministros, del real decreto que regula el currículo básico de ESO y Bachillerato y cuyo contenido dicen ignorar.
"A día de hoy, los consejeros de las comunidades no conocemos el documento base sobre el que tenemos que trabajar", lamentó la consejera de Educación y Cultura de Asturias, Ana González, que ha subrayado que son las autonomías quienes tienen que aplicar la ley y preparar el desarrollo curricular.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Educación han señalado a Efe que este departamento lleva meses trabajando para elaborar tanto los reales decretos como el desarrollo curricular y facilitar así las cosas a las CCAA. Educación ha elaborado el desarrollo curricular de la ESO y Bachillerato para Ceuta y Melilla, de tal manera que -ha explicado un portavoz del Ministerio- aquellas comunidades que consideren que no tienen tiempo suficiente, puedan aplicarlo en sus regiones. "No tiene sentido que digan que nos les da tiempo cuando con la Lomce se están aprobando los desarrollos curriculares antes que con la Loe", ha subrayado un portavoz del Ministerio.
Por su parte, el consejero de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha señalado que para llegar a tiempo y "hacer las cosas bien", el Ministerio tendría que haber publicado las normas básicas para Secundaria y Bachillerato, al menos, antes del inicio del presente curso escolar. Así, subrayó que Wert ha perdido unos meses imprescindibles para finalmente saltarse todos los órganos de participación de las CCAA y dejarles un máximo de siete meses para hacer todos los cambios.
