El proyecto de reforma del Código Penal que se dispone a aprobar el Gobierno confirma la impresión inicial de la legislatura de que es uno de los principales eslabones de la espiral contrarreformista que el Partido Popular se dispone a poner en marcha.
El aspecto más destacable de su contenido es probablemente la prisión permanente revisable para cierto tipo de delitos --homicidios terroristas, magnicidios y genocidios; crímenes de bandas organizadas; asesinato tras agresión sexual; asesinato múltiple; asesinatos de menores--, o sea, algo similar a la cadena perpetua, desaparecida de nuestro ordenamiento jurídico hace 150 años.
PARTE DEL PROGRAMA ELECTORAL
Es verdad que este punto formaba parte del programa electoral con el que Mariano Rajoy obtuvo mayoría absoluta el año pasado, como también lo es que en caso de no haberlo cumplido, como ha sucedido en tantos y tantos aspectos de aquel programa, nadie lo habría echado en falta por innecesario.
Esta nueva cadena perpetua, de muy difícil encaje en una Constitución que define el sistema penal como el mecanismo para la rehabilitación y reinserción del condenado, ejemplifica el endurecimiento del Código Penal y la afirmación notablemente autoritaria y populista del model de Estado que defiende el Partido Popular.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, subrayó ayer esa orientación cuando afirmó que los casos más recientes de presuntos asesinatos que están en la mente de todos han inspirado la equiparación a homicidio de los secuestros con resultado de desaparición.
La objeción a esos planteamientos, más allá del instinto político que los anima, es, probablemente, su precipitación, la falta de maduración para tipificar delitos castigados con penas tan graves.
Esa excesiva proximidad a sucesos que han escandalizado a la población se aprecia también en el agravamiento de las condenas por incendios forestales y en la revisión de la libertad condicional, que será anulada si quien disfruta de ella reincide.
COMO EN FRANCIA
Como en Francia, donde también se reintrodujo la cadena perpetua revisable hace dos décadas, el nuevo código contempla la custodia de seguridad, una figura que permite mantener en prisión durante diez años más a un preso después de cumplir su condena.
Se trata de un mecanismo con el que el Estado, de forma un tanto arbitraria, retiene al, en teoría, exdelincuente si los funcionarios competentes --forenses y jueces-- consideran que no está preparado para volver a la calle, como una nueva pena.
