Lo primero en llegar a juicio de la gran estafa de la mayoría de cajas españolas fue la quiebra de la Caja de Castilla la Mancha (CACM). Ayer empezó el juicio de lo que el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez calificó como «lo peor de lo peor», la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Y aún falta lo más grande, Bankia, la antigua Caja Madrid que incluye también el Banco de Valencia. Los delitos que se juzgan son los mismos aunque en cuantías diferentes: administración temeraria --especialmente en el cálculo del riesgo en los préstamos inmobiliarios--, falsedad en las cuentas en los primeros momentos de la crisis, estafa en la emisión de participaciones preferentes vendidas a clientes vulnerables y cobro de retribuciones excesivas tanto en salarios como bonos y planes de pensiones a pesar de la quiebra. Una mezcla explosiva de los defectos del sistema de gobierno de unas cajas que crecieron sin control, y con gestores que, como le dijo ayer al juez el expresidente de la CAM, aseguran ahora que carecían de conocimientos para saber cómo iba la entidad. La justicia española siempre llega al fondo de los asuntos aunque sea tarde y sin el impulso del poder político. Ello deja indefensas a las víctimas de estas estafas institucionalizadas que acaba pagando el erario público generando nuevas prácticas que no es descartable que acaben también en los juzgados. De manera que lo peor podría estar por llegar.
