La debilidad de las instituciones cordobesas, y, sobre todo, su escasa capacidad de presión política tienen un claro reflejo en el trato que recibe nuestra provincia el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado ayer por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. Y pocas esperanzas de mejora caben en la tramitación parlamentaria de unas cuentas públicas no solo tardías, sino que, de obtener mayoría suficiente, se apoyarán en los votos del Partido Popular, Ciudadanos, Coalición Canaria, PNV y Nueva Canarias, lo que deja en segundo lugar los intereses de Andalucía, y, con ellos, los de Córdoba. No debería ser así, pero todo indica que es lo esperable. Un año más.

El Gobierno de Mariano Rajoy parece haberse planteado el del 2017 como un ejercicio de transición en el que, a pesar de las buenas expectativas de crecimiento, se mantiene un tono de ajustes, sin llegar a los recortes, pero sin que los fondos públicos aporten a la sociedad española el necesario impulso para que la salida de la crisis se extienda a todas las capas sociales. El capítulo de inversiones de los PGE, que cae un 10,5% en el conjunto de España, conlleva además un reparto desigual. Córdoba suma una década de sucesivas caídas, desde los 398,9 millones de euros de inversión del presupuesto estatal del 2007 a los 57,8 millones del año en curso. Un 85,5% menos que hace diez años, y un 8% menos que en el 2016. En la asignación por habitante, Córdoba es la provincia que menos recibe de toda España, con solo 73,12 euros por ciudadano. Los PGE, en líneas generales, se limitan a seguir adelante con algunos proyectos iniciados (la Biblioteca de Los Patos, o varios tramos de carreteras), mientras desaparecen algunas partidas que sí figuraron en proyectos anteriores, como la del Pósito de La Corredera o el cercanías (llamado metrotrén por el anterior gobierno municipal). A la falta de capacidad de presión habría que sumar que el Ejecutivo aprovecha la indecisión o falta de acuerdo en algunas iniciativas para eliminarlas de su programación.

En Andalucía, la Junta ha expresado indignación sin paliativos por el recorte inversor del 36,6% respecto del ejercicio precedente. Lo considera un «maltrato» por «razones estrictamente políticas». El Gobierno ha ignorado el peso de la población como criterio de reparto territorial de las inversiones, de manera que Andalucía recibe el 13,5% del total en lugar del 18% que le corresponde. Malas noticias para una provincia y una región en las que el paro sigue siendo una lacra, la diferencia de rentas con la media de España se ha acentuado durante la crisis y la necesidad de crear tejido productivo e infraestructuras que animen al sector privado es perentoria. Es posible que haya que criticar la falta de fuerza de nuestro territorio, pero eso no es óbice para reclamar del Gobierno un trato más justo.