De prisa, corriendo y sin el mínimo consenso. El ministro Wert completó el pasado viernes su polémica ley educativa, la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), al visar el Consejo de Ministros los decretos que desarrollan los currículos básicos de ESO y Bachillerato, que afectarán a 1,2 millones de alumnos a partir del próximo curso. La norma levanta la oposición de autonomías como Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias que reclaman al Gobierno su paralización y un calendario más amplio para introducir los profundos cambios previstos. Entre la aprobación del decreto y el inicio del curso distan solo nueve meses en los que las comunidades deberán adaptar, diseñar y aprobar la parte de la ley que les compete. Poco tiempo para labor tan compleja que debería haberse anunciado a comienzos del presente curso escolar, como señaló el consejero de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, que reprochó a Wert perder el tiempo y luego saltarse todos los órganos de participación.
A menos de un año para las elecciones generales y cuando la mayoría de los partidos de la oposición anuncian que derogarán la ley Wert si el PP pierde su mayoría, el nuevo plan educativo suma inestabilidad y provisionalidad cara al futuro. Es la cruda consecuencia de la falta de un gran pacto de Estado que blinde por fin la enseñanza de los vaivenes políticos.
