Llevamos casi un año sin gobierno y la economía española sigue funcionando a velocidad de crucero, con algunos problemas graves en vías de mejora. A la espera de tener datos del tercer trimestre (que mejorarán los que ahora tenemos), las principales variables macroeconómicas están en el buen camino: el PIB está creciendo por encima del 3%; los precios están estables; la ocupación ha crecido hasta los 18,3 millones de personas; la balanza de bienes y servicios es positiva y la deuda externa se reduce significativamente. Es cierto que seguimos teniendo problemas, y algunos muy graves como una tasa de paro del 20%, un déficit público de más del 5% y una deuda total por encima del 250% del PIB (de los que 101 puntos son de deuda pública). Como es cierto que seguimos sin resolver problemas básicos de desigualdad social, que tenemos enquistados desde hace años y que la crisis no ha hecho nada más que exacerbar.

Para explicar esta situación de una economía que crece sin el impulso de una política económica activa, que es extraña para muchas economías desarrolladas, los economistas acudimos (una vez más) a una analogía con un concepto de la Física, y decimos que toda economía tiene una «inercia» que mantiene la tendencia. Es decir, puesto que los datos macroeconómicos son solo la agregación de las decisiones individuales de millones de familias, empresas e instituciones, y éstas mantienen su actividad y toman sus decisiones diarias solo lejanamente influidas por las decisiones de los Gobiernos, una economía puede seguir funcionando al margen de la formación o no de un Gobierno tras unas elecciones. Lo que, en el caso de España, es más cierto porque, en realidad, el margen de actuación de nuestro Gobierno es muy limitado por su pertenencia a la zona euro.

La inercia de una economía, esa capacidad para funcionar e ir resolviendo sus problemas al margen del impulso político, depende de muchos factores, esencialmente, tres: el peso del Sector Público en el conjunto de la actividad, pues cuanta menos actividad dependa de la administración, menos dependencia de la ejecución presupuestaria y, por lo mismo, menos parte de la economía se ve afectada por la parálisis del Gobierno; de la calidad de sus instituciones económicas (leyes civiles, mercantiles y laborales, sistema financiero, etc.) y de sus administraciones públicas, pues son las que permiten el funcionamiento eficiente de la actividad económica; y, finalmente, de la cohesión social y de la articulación de su sociedad civil.

La economía española tiene una alta inercia básicamente porque tiene un Sector Público contenido, porque sus instituciones económicas son estables y dependen más de la Unión Europea que de sus decisiones internas (política monetaria, límites en la política fiscal, regulaciones básicas de mercados, etc.), y porque, a pesar de las desigualdades y de los problemas, sigue teniendo una alta cohesión social, en la que el papel de la familia (se entienda por esta palabra lo que se entienda) sigue siendo esencial. En definitiva, la economía española tiene la inercia que tiene y crece como crece, en gran medida, porque la sociedad española está mostrando en esta situación, como en otras que podríamos poner de manifiesto si el discurso catastrofista y dramático que se ha instalado dejara ver la realidad con datos, una madurez y seriedad que no tiene su estructura política, y desde luego, que no tienen sus líderes políticos.

Pero la inercia económica, como la física, tiende a cero por la incertidumbre, que actúa de freno como el rozamiento, por lo que no se debe estar mucho tiempo sin Gobierno. La inercia económica no dura más allá de tres o cuatro años, aunque se note su disminución año a año. De ahí que sea conveniente que, al menos en ese periodo (antes si fuera posible), vayamos pensando en formar un Gobierno, bien porque se llegue a un pacto razonable, bien porque, tras seis o siete elecciones, los españoles volvamos a dar la mayoría absoluta a algún partido.

* Profesor de Política Económica.

Universidad Loyola Andalucía