Un grupo organizado que manejaba a su antojo los planes urbanísticos de los municipios barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres para repartirse los beneficios de sus pelotazos inmobiliarios. Esta es la conclusión a la que llega el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ayer decretó el ingreso en prisión sin fianza para los ex dirigentes de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, el ex diputado del PSC Luis García y el alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz y Manuel Dobarco.
El resto de los detenidos, tres empresarios y el gerente del Ayuntamiento de Santa Coloma, quedaron en libertad bajo fianza de entre el medio millón y los 25.000 euros. Los empresarios Lluís Casamitjana, Josep Singlá y Manuel Carrillo y el gerente municipal Pascual Vela tienen hasta el lunes para depositar, respectivamente, medio millón de euros los dos primeros, 100.000 euros, el tercero, y 25.000, el cuarto.
El magistrado justifica su decisión de encarcelar a cinco de los detenidos por la necesidad de preservar la investigación. El juez admite que no teme que Prenafeta o Alavedra vayan a huir de la justicia "por el arraigo que tienen en sus respectivos domicilios e incluso por su edad". Sin embargo, aclara que "hasta el día de hoy han venido ejecutando los hechos y que de quedar en libertad, continuarían con la misma dinámica".
También señala que existe el "riesgo de que destruyan pruebas" porque los encarcelados "disponen de fondos y realizan actividades fuera de la jurisdicción española". Por ello, adelanta que hasta que no estén "asegurados" estos elementos, "la prisión provisional es la única medida paliativa adecuada".
Garzón sostiene que los imputados formaban parte de "un grupo organizado" en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma "con ramificaciones en otras localidades de Cataluña, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal, Islas Madeira y Caimán". El grupo operaba en estos países --según la resolución-- para blanquear dinero mediante "la adquisición de importantes obras de arte".
Las actividades de esta trama consistían en "lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude en subvenciones de la Unión Europea y tráfico de influencias".
Les acusa de repartirse más de 44 millones de euros obtenidos por la recalificación de operaciones urbanísticas. El jefe de la trama es Luis García y el beneficio que obtenía lo desvió a pagar a los intermediarios, papel que desempeñan Prenafeta y Alavedra.
Garzón sostiene que el ex secretario general de la presidencia en la etapa de Jordi Pujol cobró más de dos millones de euros de la trama, mientras que el ex consejero de Economía percibió casi 2, 3 millones de la red. García se ha embolsado más de ocho millones de euros. Estas cantidades irán aumentado a medida que avance la investigación, según la resolución.
El juez imputa a Prenafeta y Alavedra los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Y a García, Luigi, los de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude de subvenciones y falsedad en documento oficial.
EXPULSIONES EN EL PSC La dirección del PSC convocó para el lunes una reunión de su ejecutiva para expulsar a los tres militantes implicados, entre ellos el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz. También serán suspendidos el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el gerente del Ayuntamiento, Pascual Vela. Se cumplirá así la advertencia que el martes pasado hizo José Zaragoza, secretario de organización del PSC.
