El Defensor del Pueblo pide al Ministerio de Fomento que invierta más en la conservación de las carreteras, ya que este aspecto incide directamente en la seguridad vial, dificulta la fluidez del tráfico y provoca un envejecimiento del parque móvil.

Una observación que esta institución hace en su informe de 2014, hecho público hoy y en el que, de todos modos, resalta la eficacia de las políticas en materia de seguridad vial, ya que entre 2005 y 2014 el número de víctimas mortales ha disminuido en un 65 por ciento, según indica.

Y aunque en 2014 se han incrementado las infracciones por consumo de drogas y ha aumentado la vida útil de los vehículos, "consecuencia de la crisis económica que afecta a las economías domésticas", el Defensor del Pueblo recuerda la "necesidad" de inversión en la conservación de las carreteras que "debe realizar el Ministerio de Fomento".

Pese a ser "sensible" a la opinión de la ciudadanía sobre la cuantía elevada de las sanciones de tráfico, esta institución opina que es "imprescindible tener muy presente las consecuencias que pueden derivarse de una conducción negligente al volante".

Asegura el informe que, como en otros años, en 2014 han sido numerosas las quejas recibidas en materia de tráfico y avisa de que las resoluciones administrativas en relación a las sanciones "no se ajustan al caso concreto, excepto en los datos de los interesados, el número de expediente y los hechos denunciados".

En este sentido, subraya que los fundamentos jurídicos de las resoluciones, "en lugar de rebatir las alegaciones presentadas y cimentar la decisión finalmente adoptada, son una enumeración de artículos de la normativa vigente que no se ajustan al caso concreto ni aportan argumentación suficiente".

Por eso, el Defensor recomienda que las resoluciones estén motivadas y, aún consciente del elevado número de procedimientos sancionadores, pide a las administraciones y a su personal "un esfuerzo adicional" para que se tramiten "con las debidas garantías para los ciudadanos".

Entre las quejas de los ciudadanos, el informe cita los errores de los agentes denunciantes a la hora de consignar los dígitos de la matrícula del vehículo sancionado, como pasó en Barcelona o en Madrid; la señalización poco visible y clara; los errores en la cuantía consignada en la multa, o la notificación de ésta en la lengua no oficial.

Ha apreciado la institución un aumento en el número de denuncias por el hecho de no tener concertado un seguro obligatorio, y afirma que la crisis económica que afecta a muchos ciudadanos han provocado que algunos de ellos no hayan abonado ese seguro.

Muchos se han quejado de haber recibido una multa "injusta" por ese motivo a pesar de que el vehículo estaba estacionado en la calle y no circulaba desde hace tiempo.

No pudieron ser admitidas esas quejas, pero el Defensor instó a esos ciudadanos a que si no podían afrontar el pago del seguro, solicitaran de forma inmediata a Tráfico la baja temporal del vehículo.