La Diputación de Córdoba, a través de su Area de Bienestar Social, pondrá en marcha próximamente una Oficina de Intermediación Hipotecaria para prestar apoyo y asistencia, preferentemente en municipios de menos de 20.000 habitantes, a familias en riesgo de exclusión social por el desalojo de sus viviendas.
Así lo anunció ayer la responsable del Area, Felisa Cañete, quien explicó que "la finalidad de esta oficina es defender el derecho a la vivienda de aquellas familias que no pueden hacer frente a sus obligaciones hipotecarias o de alquiler por haber sufrido de un modo directo los efectos de la crisis económica".
La también vicepresidenta primera de la Diputación ha señalado que "queremos abordar este problema de un modo integral con el fin de prevenir situaciones de exclusión derivadas de la pérdida de la vivienda habitual por impago de deuda hipotecaria o alquiler". Cañete ha indicado que "realizará un servicio de prevención, ya que ofrecerá asesoramiento e información al ciudadano de forma previa a la adquisición de su vivienda y contratación de la hipoteca". De igual modo, ha continuado, "prestará un servicio de mediación prestando asesoramiento a las personas que, por pérdida de empleo o falta de recursos, no puedan pagar la hipoteca".
"Vamos a informarles sobre las mejores condiciones para negociar o liquidar las deudas contraídas, así como intermediar con las entidades financieras que reclamen el pago, asesoramiento jurídico en procedimientos judiciales y de desahucio, entre otros", destacó Cañete. Para la puesta en funcionamiento de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria la Diputación de Córdoba tiene previsto firmar un convenio con el Colegio de Abogados y está negociando acuerdos de colaboración con otros colectivos, así como con entidades financieras y con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Fomento y Vivienda (AVRA) con el fin de prestar un adecuado asesoramiento jurídico y generar un parque de viviendas.
