El Gobierno de España está a la espera de que el Ayuntamiento de Córdoba le responda sobre la posibilidad de realizar cambios en la edificabilidad de los terrenos de la antigua cárcel, en Fátima, y ha condicionado la urbanización de la zona a este nuevo paso, en vista de que pudiera suponer modificaciones. Así se desprende de la respuesta trasladada por escrito a los diputados del PSOE Antonio Hurtado y María Jesús Serrano, que han planteado en el Congreso diversas preguntas sobre la actuación urbanítisca en este espacio.

El Ejecutivo informa de que «en relación con la redacción del proyecto, respetando la edificabilidad permitida», la propuesta de desarrollo que ha hecho la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siepsa) al Consistorio se basa en dos aspectos. De un lado, «producir un cierto traslado de edificabilidad de la planta baja hacia las superiores», sobre lo que precisa que «esto se puede hacer aumentando la ocupación permitida en plantas superiores o aumentando plantas». Por otro, reclama «aumentar el número de viviendas permitido, de modo que exista mayor flexibilidad a la hora de decidir los tamaños de las mismas».

El Gobierno apunta que «Siepsa considera que no es congruente finalizar el proyecto de urbanización sin tener la respuesta del Ayuntamiento a las propuestas anteriores, por si el acuerdo final -que continúa pendiente- pudiera modificar el proyecto de urbanización». Así, comenta que «no se puede concretar un calendario para la urbanización de los terrenos hasta no tener respuesta a la propuesta de desarrollo urbanístico».

Antonio Hurtado ha recordado que la cárcel fue derrumbada hace más de doce años, el tiempo que el barrio lleva «con unos solares llenos de podredumbre». Así, ha hecho hincapié en que «la redacción del proyecto de urbanización tenía que haber acabado en junio del 2016». Según ha subrayado, «la urbanización no tiene que ver con el cambio de edificabilidad», a lo que ha añadido que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) «lo propuso la propia Siepsa».

En su opinión, por tanto, «no ha lugar al frenazo en el proyecto de urbanización, este no tiene por qué verse afectado por los cambios que plantea ahora el Gobierno». En este sentido, entiende que «el aumento de edificabilidad es la justificación para que se haya parado la urbanización, lo que impide la construcción de viales, equipamientos, aparcamientos y viviendas». Hurtado cree que «es una excusa más para dilatar la actuación, porque están pendientes de que haya ofertas para la venta de terrenos residenciales y sufragar con ello el coste de la urbanización de los mismos». También señala que «aparentemente, es una patata caliente más que pone el Gobierno en el tejado del Ayuntamiento de Córdoba», aludiendo a otros proyectos como la comisaría de Policía o el cercanías.

En su respuesta por escrito, el Ejecutivo central indica que las parcelas que corresponden al Ayuntamiento están puestas a su disposición desde el 2008, aunque el diputado insiste en que este «no puede hacer nada porque no está urbanizado». Se trata de seis fincas que suman 22.283 metros cuadrados y la mayor parte están destinados a espacio libre, aunque 1.481 metros cuadrados son para uso residencial y otros terrenos son para equipamientos y viales.