Colectivos como la Asociación de Empresarios de la Construcción (Construcor) y el Colegio de Arquitectos de Córdoba han mostrado su preocupación por el retraso que acumulan las licencias que se tramitan en la Gerencia de Urbanismo para la instalación de ascensores y por los efectos negativos que pueden tener en las comunidades de vecinos afectadas. El tema llegó ayer al Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo a través del concejal del PP Salvador Fuentes, que reclamó a Urbanismo que «sea eficaz para sacar adelante el mayor número de proyectos posible» porque «se puede dar el caso de que «no se puedan modificar y haya que hacerlos nuevos».

En enero del 2017 entró en vigor una normativa en materia de seguridad que afecta tanto a los ascensores que se coloquen en edificios existentes como a los que se instalen en bloques en construcción. Desde enero, y hasta el 31 de agosto, hay un periodo de transición en el que conviven la normativa anterior y la nueva, que exige más requisitos de seguridad. Durante ese periodo se pueden instalar ascensores tanto con proyectos que se hicieron siguiendo la normativa antigua como con los que se ciñen ya a la nueva. Sin embargo, a partir del 1 de septiembre no se permitirá esa convivencia y todos los proyectos deberán adecuarse a la norma nueva. A partir de ese momento, los ascensores proyectados con los requisitos de la vieja normativa que no se hayan instalado y que no hayan recibido permiso de Industria, no servirán.

El problema, denunciado ayer por el secretario general de Construcor, Francisco Carmona, y por el vocal del Colegio de Arquitectos Miguel Valcárcel, es que «las licencias están tardando», a pesar de que muchas comunidades las solicitaron en Urbanismo «en tiempo y forma en el 2016», según afirma Valcárcel. El arquitecto advierte de que, al no estar los permisos, no dará tiempo a ejecutar las obras antes del 31 de agosto, lo que obligará a instalar ascensores distintos a los previstos y a modificar proyectos, lo que conlleva un «sobrecoste de entre un 15% y un 20%» con el que las comunidades no cuentan y que muchas no pueden afrontar.

Carmona asegura que «la situación está llegando al límite» porque si esas licencias «no se dan de forma inmediata, es difícil que Industria dé la autorización», lo que conllevará «la clausura de las instalaciones» y la exigencia de nuevas. Carmona critica que Urbanismo tarda una media de siete meses en dar una licencia, situación «insostenible» que achaca a «problemas de coordinación y gestión».