La juez cita a dos personas más en el caso de las ‘mordidas’

La juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha citado para el día 6 de abril a dos personas más en el caso de la Fundación Guadalquivir Futuro de Córdoba, tras la denuncia del grupo parlamentario de Podemos Andalucía sobre el supuesto cobro de mordidas a desempleados con cargo a los contratos de un programa de empleo público que abonaba la Junta de Andalucía.

Así lo han confirmado fuentes judiciales, que han comentado que las personas citadas son el vicepresidente de la Fundación Guadalquivir y un representante de tema fiscal y laboral, todo ello después de que Podemos presentara una ampliación de su denuncia. Al respecto, la presidenta de la entidad, Ángeles Muñoz, negó ante la juez a principios de marzo las acusaciones que se recogen en la denuncia del grupo parlamentario, de tal modo que manifestó a los periodistas que «donde no hay, no hay», y aseveró que fue «bien» la declaración, al tiempo que subrayó que «Podemos lo único que ha presentado han sido los recortes de prensa».

Igualmente, han declarado el ex secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en la capital cordobesa Cristian Menacho y Alejandra Pérez, quien fuese número dos de las Juventudes Socialistas en la capital, ligados a la Asociación Jóvenes para el Futuro y la Asociación Vecinos Nuevo Guadalquivir, y que han negado los hechos, defendiendo que no tienen «ninguna responsabilidad» en la denuncia, según han apuntado fuentes judiciales.

Mientras tanto, el diputado del grupo parlamentario de Podemos por Córdoba, David Moscoso, quien abandonó los juzgados perseguido por numerosas personas del Polígono Guadalquivir pegando gritos de «ladrón, le quitas de comer a los pobres», ratificó ante la juez la denuncia sobre las supuestas mordidas de los salarios de los empleados y la amplió con «un audio de 45 minutos donde los trabajadores señalan a determinadas personas con cierta vinculación con el PSOE de Córdoba».

También, han puesto a disposición de la juez «un resumen y la demanda para que se ponga en contacto con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para investigar distintas actas de la Inspección de Trabajo, donde se prueba de forma tangible que ha habido mordidas de los salarios de los trabajadores y se han desviado los fondos destinados a la contratación de personal». En virtud de la «ingente documentación», solicitaron a la juez que se amplíe la investigación a un nuevo responsable de la Fundación Guadalquivir, «como parte ejecutora de los hechos».