La interventora general, que ha elaborado ya su informe sobre el proyecto de presupuestos municipales, advierte una vez más de la imposibilidad de que Emacsa y Vimcorsa concedan ayudas o subvenciones (como las que tiene previstas para familias en riesgo de exclusión social o las del plan de individualización de contadores comunitarios), porque «una sociedad mercantil pública, que realiza una entrega dineraria sin contraprestación para fomentar actividades de utilidad pública o interés social, se estará comportando impropiamente como un poder público, pues estará ejerciendo la potestad administrativa subvencional». Por ello, la interventora propone que sea el Ayuntamiento el que conceda directamente estas subvenciones.

En su informe de 47 páginas, en el que se alude a cuestiones que ya han sido advertidas en otras ocasiones, la interventora considera que los ingresos previstos por el equipo de gobierno están «debidamente justificados», que el presupuesto está «equilibrado conforme a la normativa SEC 2010», pero retrasa pronunciarse sobre la regla de gasto hasta que no se conozca la liquidación del presupuesto de 2017.

Intervención reitera la inexistencia de un plan de inversiones y financiación a 4 años, limitándose el documento del gobierno local a incluir proyectos de carácter anual, a pesar de que la normativa les obliga a hacer previsiones a medio plazo.

Por otro lado, señala la falta de inversiones previstas en Aucorsa, y vuelve a pedir, --como hizo con Emacsa hasta que se corrigió-, que las empresas municipales de Sadeco y Cecosam no asuman la labor de recaudación de las tasas municipales. En este sentido, la interventora propone que «los ingresos entren en la caja municipal, con el debido control de la Tesorería y previa rendición de cuentas de la sociedad en cuestión, todo ello con independencia de que el Ayuntamiento decida transferir la cantidad que considere oportuna como retribución a la sociedad por la prestación del servicio que se trate». Es decir que la basura la cobre el Ayuntamiento y que luego éste le pague a Sadeco por sus servicios.

Advierte en varias ocasiones de la existencia de muchas vacantes cubiertas por interinos, cuyas plazas deberían ser provistas convenientemente (por ejemplo en Urbanismo) y recomienda «una profunda revisión» de la Fundación Agrópolis, ya que considera que su existencia no está justificada. Por último alerta del abuso de las subvenciones nominativas.