El Gobierno ha negado al exalcalde de Encinarejo Miguel Martínez Múrez (PA) el indulto que solicitó a principios del año pasado para evitar su ingreso en prisión, según informaron ayer fuentes judiciales. Martínez Múrez solicitó la medida de gracia después de que la Audiencia Provincial de Córdoba le denegara la suspensión de la pena de dos años de prisión por falsedad en documento oficial, prevaricación y fraude a la Administración y le desestimara, igualmente, un posterior recurso de súplica. Una vez que comunicó su petición de indulto a la Audiencia, esta sí accedió a suspender la ejecución de la sentencia en espera del pronunciamiento del Gobierno, que finalmente le fue comunicado ayer mismo. Así, a partir de ahora se pondrá en marcha en la Audiencia el mecanismo oportuno para requerir a Martínez Múrez su ingreso en prisión, añadieron las mismas fuentes.

El proceso se remonta a octubre del 2014, cuando la Audiencia Provincial condenó a Martínez Múrez a tres años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación. Según la sentencia, el exalcalde obtuvo una subvención de la Junta de Andalucía por valor de 41.481 euros para la adaptación del antiguo depósito de aguas de Encinarejo a torre mirador. Sin embargo, la empresa adjudicataria cesó en los trabajos y Múrez, saltándose el procedimiento de contratación, adjudicó la obra a otra empresa. Fue entonces cuando para pagar la obra ideó solicitar una nueva subvención, en este caso para un sendero cicloturista ya ejecutado. Para eso requirió una factura a la adjudicataria por ese concepto y obtuvo otros 26.057 euros.

Tras la condena, Martínez Múrez acudió al Tribunal Supremo, que estimó parcialmente su recurso de casación y el del ministerio fiscal. Así, el Supremo dictó una nueva sentencia en la que, de un lado, aplicó la atenuante de dilaciones indebidas y, de otro, añadió un tercer delito -el de fraude a la Administración, como solicitaba la Fiscalía-, quedando la condena definitiva en dos años de prisión.

Aunque Martínez Múrez solicitó entonces la suspensión de la pena, la Audiencia Provincial se la denegó porque, según fuentes judiciales consultadas en su día, ya se le había suspendido anteriormente otra de 18 meses de cárcel y porque acumulaba numerosas condenas, la mayoría por prevaricación urbanística, en este caso de inhabilitación y multa.