El expediente para declarar como Bien de Interés Cultural el convento de Santa Isabel, ubicado en el barrio de Santa Marina y comprado por Arete 2016 para convertirlo en un hotel, sigue su curso. Durante el periodo de información pública, Eduardo Cabrera Muñoz, marqués de Villaseca, ha presentado alegaciones, avisando de que el convento albergaba más de 160 obras de arte que no aparecen en la documentación del BIC. Esto hace «sospechar» al marqués -y así lo manifiesta en la alegación- que «quienes eran titulares del edificio en el momento de la visita de los técnicos del BIC les ocultasen la existencia» de estos bienes «evitando así su integración en el monumento BIC», con lo que el convento pierde «parte de su identidad». También le hace temer que «todos esos bienes ya hubieran desaparecido con anterioridad, habiendo salido toda esta masa cultural de Andalucía, perdiéndose así un importante legado del patrimonio histórico-cultural de Córdoba».

Tras analizar la documentación, el marqués concluye que de la misma «parece desprenderse que en el interior del convento no hubiera ningún tipo de obra de arte aparte de los retablos y las pinturas y tallas que en ellos se encuentra». Sin embargo, añade que «existe un inventario detallado de las obras de arte existentes en el convento», algunas de las cuales «son de vital importancia por su carácter histórico. Además de citar cinco obras de relevancia, entre ellas, la imagen de San Pancracio, la alegación enumera 75 pinturas repartidas en 16 estancias; 62 esculturas que estaban en 7 zonas distintas; y 24 obras de orfebrería.

El marqués de Villaseca asegura también que en la documentación preparatoria del BIC «no están recogidos los enterramientos de personajes históricos». En este sentido, recuerda las «diligencias abiertas» por «la exhumación sin autorización», y «sin ningún tipo de control ni vigilancia», donde «no ha estado personada la Consejería de Cultura» (alude al proceso abierto tras la denuncia presentada en el juzgado contra la abadesa). A su juicio, se ha producido una infracción «grave».

El marqués echa en falta el archivo que desde 1482 estaba en el convento, del que, asegura, «el propio obispo de Córdoba reconoce su existencia» y que «posiblemente haya salido de la comunidad autónoma andaluza», que «debería haber sido consultado en la declaración BIC».

Tras finalizar el plazo de información pública, se abre el de trámite de audiencia, para el que hay quince días. Después, los técnicos de la delegación de Córdoba estudiarán las alegaciones y harán un informe que enviarán a la consejería, que elaborará el expediente y lo elevará al Consejo de Gobierno, que declarará el convento BIC.