El Gobierno andaluz y Ciudadanos (Cs) han llegado a un acuerdo para poner en marcha en octubre o noviembre la oficina contra el fraude y la corrupción política en la comunidad, organismo que fiscalizará los fondos públicos, la gestión de la Junta y sus contratos y adjudicaciones con terceros.
La creación de la oficina, pactada mediante la fórmula del decreto, no requerirá que pase por el debate parlamentario, es el punto catorce del acuerdo de investidura suscrito por el PSOE-A y Ciudadanos y prevé dar protección a las personas que denuncien casos de corrupción en la administración andaluza y sus entes instrumentales.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa el presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, que ha situado la aprobación del decreto por el Ejecutivo andaluz para el próximo otoño.
El futuro organismo, que dependerá de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, estará regentado por funcionarios de la Junta que velarán y garantizarán la adecuada utilización de los fondos públicos.
«Se trata de un decreto muy completo que no requiere trámite parlamentario con lo cual se creará una vez sea aprobado por el Consejo de Gobierno y contará con un presupuesto propio dentro del de la Consejería al que está adscrita la oficina», ha explicado Marín.
El acuerdo se concretó durante esta pasada semana, en la que la delegación negociadora de Ciudadanos ha mantenido distintas reuniones con la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.
Marín ha confiado que una vez el decreto pase por el periodo previo y por el Consejo Consultivo la oficina contra el fraude y la corrupción pueda estar funcionando al «cien por cien» en noviembre o diciembre.
«Después de lo ocurrido con los ERE y los cursos de formación era bueno poner en marcha herramientas para que este tipo de casos no vuelva a suceder. Esto es ser útil y responder a los compromisos», ha aseverado sobre la labor de su partido desde que firmó el pacto de investidura.
El dirigente de la formación naranja ha precisado que la creación de la oficina no supone un incremento del gasto para la comunidad autónoma, ya que serán funcionarios relacionados con la intervención o las áreas económicas de la Junta los que formarán parte de ella.
