El juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñan, se reanuda hoy en la Audiencia de Sevilla con el inicio de los interrogatorios a los acusados. Tras un mes de parón, para que el tribunal resolviera las cuestiones previas planteadas por las acusaciones y defensas en las primeras sesiones y después de que a los imputados ya no se les acuse de «asociación ilícita» por decisión judicial, como principal novedad para los acusados, el juicio se retoma esta mañana. Según el orden fijado inicialmente por la Fiscalía, el primer acusado que deberá responder a las preguntas de las partes será el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, que se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Es uno de los principales implicados en el caso ERE, y de los pocos que ha pisado la cárcel, ya que ostentó el cargo durante gran parte del periodo (2001-2011) en el cual la Junta repartió de forma «arbitraria» más de 850 millones en ayudas socio laborales -gestionadas por su departamento- con un «procedimiento específico» presuntamente creado para eludir controles administrativos. Guerrero acuñó el término «fondo de reptiles» para referirse a la partida presupuestaria de la que salían las ayudas investigadas, aunque luego se retractó, y durante la instrucción mantuvo que sus superiores conocían y aprobaban las subvenciones que se daban. Guerrero, obstante podría acogerse a no declarar ante el juez o alguna o todas las partes como ampara la ley. Con 22 acusados sentados en el banquillo, una docena de peritos y más de un centenar de testigos -a los que se han sumado casi otros 50 propuestos por las partes en las cuestiones previas y admitidos por el tribunal-, la sección primera de la Audiencia ha fijado un calendario provisional del juicio hasta el 31 de octubre. Entre los nuevos testigos incorporados destacan el actual vicepresidente andaluz Manuel Jiménez Barrios, los exconsejeros Antonio Ávila y Mar Moreno y una ex alto cargo del Gobierno central en la época de Aznar, la exdirectora de Trabajo Soledad Córdova (investigada en la pieza separada del ERE de la «Faja Pirítica» de Huelva, que cofinanció el Estado). El tribunal no admitió la petición del PP para que testificara la presidenta de la Junta, Susana Díaz.