El sistema por el que la Consejería de Salud prevé sacar a subasta pública los fármacos que adquirirá el SAS para su dispensación en las farmacias se iniciará con los medicamentos más demandados (protectores gástricos, anticoagulantes y estatinas para el control del colesterol), según anunció la titular del ramo, María Jesús Montero. Pero el borrador del decreto que regulará este sistema, al que tuvo acceso este periódico, contempla su extensión progresiva a otros medicamentos más consumidos por aquellos pacientes sin derecho a no pagarlos (mayores de 65 años, niños menores de 3, etc-) y a productos sanitarios como los pañales para adultos, vendas o gasas, donde también que se impulsará la prescripción de genéricos sin marca.

El decreto, que la Junta prevé aprobar antes de final de año y con el que pretende ahorrar 197 millones este año, permitirá además que estos productos, así como los sueros y sustancias dietéticas para la alimentación por sonda, sean dispensados a los pacientes a domicilio directamente por los enfermeros, así como por el personal sanitario que atiende a los ancianos en centros residenciales.

El borrador, que ya ha pasado el trámite de alegaciones de las asociaciones de consumidores, colegios de farmacéuticos o agentes socioeconómicos, está ahora pendiente del informe del Consejo Consultivo y contempla los requisitos que deben cumplir los laboratorios que concurran a estas subastas.

El primero es garantizar una producción mínima, fijada en el porcentaje de recetas con cargo al sistema público dispensadas en relación con el total del consumo del fármaco durante el periodo de referencia anterior a la convocatoria, un requisito lógico para evitar problemas de desabastecimiento pero que limitará el acceso a la pequeña industria a favor de los grandes laboratorios, una de los principales argumentos del sector contrario al sistema de subasta. Para ciertos fármacos o productos, el SAS puede adjudicar la dispensación a más de un laboratorio, y así lo hará constar en la convocatoria, donde determinará también cuál es el medicamento que prioritariamente deben dar las farmacias. El segundo de la lista solo será dispensado si se agota el primero y en caso de un desabastecimiento total o parcial, el SAS puede romper el convenio con el primer adjudicatario.

En el caso de los colegios y la patronal farmacéuticos, su rechazo a este sistema se centra en considerar que rompe la unidad de la actual política de precios. Lo cierto es que, en el caso de los medicamentos, el Ministerio de Sanidad fija tanto la cuantía máxima financiada por el sistema público (el precio de referencia, que en el caso de los genéricos es lo máximo que pueden costar) como el precio menor al que durante un tiempo, normalmente se revisa anualmente, se puede vender al público. La Junta carece de competencias para variar ambos. Por ello, el decreto habla de "ventajas económicas" que los laboratorios pueden ofertar al SAS, que en la práctica se traducirán en ofertas tipo 2x1 o productos regalados al comprar ciertas cantidades de un fármaco, pero los fabricantes nunca podrán ofrecerle al SAS los medicamentos a un precio inferior al menor fijado por el Ministerio. Eso sí, en caso de que el Gobierno rebaje ese precio menor durante el periodo de vigencia del convenio entre el SAS y el laboratorioo, éste deberá rebajar también el precio de venta y mantener las "ventajas económicas" pactadas. En el caso de los pañales, gasas o vendas, el Ministerio fija la cuantía máxima subvencionada pero no el precio menor. Por ello, el borrador contiene una disposición transitoria según la cual "en tanto el Estado no establezca un precio menor para cada tipo de producto sanitario" incluido en la prestación pública, será el SAS quien fijará su "precio máximo de facturación". El objetivo de todas estas medidas, incluidas en el plan de reequilibrio presupuestario presentado por la Junta al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que mantiene enfrentados a Salud con el sector, es ahorrar en el gasto farmacéutico, que representa el 40% de los 8.600 millones presupuestados este año para el SAS. De hecho, el plan cifra el ahorro en 2011 en 197 millones, aunque las medidas no entrarán en vigor hasta el 2012.