Las casas de compraventa de oro compaginaban el comercio legal con distintas actividades ilícitas y por encima de los establecimientos abiertos al público funcionaban empresas mayoristas y fundidoras que recibían todo el flujo de oro, plata y platino para exportarlo al extranjero. Según explica la Policía Nacional, este flujo de metales preciosos era adquirido y vendido con la mayor opacidad posible, mediante el uso de registros y contabilidades paralelas, y en él se encuentran piezas de oro y plata robadas que eran así introducidas en el circuito legal.
Además, se han detectado unas cuotas defraudadas a la Hacienda Pública por empresas mayoristas del sector de, al menos, 9 millones de euros, y la Agencia Tributaria ha bloqueado devoluciones de IVA por importe de 10 millones de euros.
De forma paralela y como auxiliares se hallan seis grupos societarios dedicados a emitir facturas simuladas a través de empresas ficticias o creadas de forma efímera para ese único fin. Solo en el ejercicio fiscal 2012 los investigadores han detectado un volumen de facturas ficticias de 1.000 millones de euros. Estas facturas irregulares se ofrecían asimismo a otros grupos criminales, nacionales e internacionales, con el objetivo de blanquear para ellos grandes sumas procedentes de estafas masivas (cartas nigerianas), fraudes inmobiliarios o narcotráfico.
Ignacio Cosidó señaló ayer a la delincuencia económica como "objetivo estratégico" del Cuerpo Nacional de Policía, que vela así también por la "seguridad económica". El director general hizo hincapié en la "importancia" de esta operación policial, en tanto en cuanto, incluyendo evasión de capitales y robo de joyas, la erradicación de estos delitos "contribuye a evitar que se distorsione, con trampas, nuestro sistema económico y a la superación de la crisis económica".
AMPLIO DESPLIEGUE Durante la fase final del operativo, cerca de 600 investigadores de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han registrado 51 establecimientos de compraventa de oro abiertos al público en todo el país. La investigación ha sido desarrollada por agentes de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Valencia, Murcia y Málaga, así como por funcionarios de la Dependencia Regional de Inspección de Valencia y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria, con la colaboración de agentes de la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción, del GOIT, de agentes de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana de las jefaturas y provincias donde se ha desarrollado la operación.
