El Ministerio de Igualdad ha reconocido este lunes que el crimen machista del pasado 17 de diciembre en Cantabria, en el que un hombre mató a su expareja, con orden de protección, y a su pequeña de once meses, es "evidentemente" un fallo del sistema que tanto el Gobierno como el poder judicial deben analizar.

Lo ha dicho la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, para hacer balance de las políticas que el departamento ha llevado a cabo durante este año y las que tiene previsto emprender en 2022.

Preguntada por lo que falló en este asesinato machista en la localidad cántabra de Liaño de Villaescusa de la mujer de 40 años y su bebé de once meses, ya que la víctima había presentado denuncia y el agresor contaba con una orden de alejamiento, Rosell ha querido comenzar diciendo que con este caso tiene "el aliento contenido y el corazón en un puño".

La delegada ha señalado que la prioridad es detectar qué ha fallado y ha recordado que la directora de la Guardia Civil ha anunciado una investigación de este caso, al tiempo que ha indicado que ni la víctima ni el agresor tenían dispositivo de geolocalización, lo que se debe a una decisión judicial.

"Evidentemente es un fallo del sistema que tenemos que analizar no solo el poder ejecutivo, también el poder judicial", ha dicho Rosell, que ha insistido en la necesidad de revisar la eficacia de las órdenes de alejamiento sin dispositivo y promover los medios técnicos disponibles que funcionan a la hora de detectar los quebrantamiento de las órdenes de protección.