Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año

La historia de este trabajador de Murcia es un claro ejemplo de cómo una promesa laboral puede romperse de la forma más inesperada. Empleado en un club de pádel desde su fundación en 2010, había ascendido hasta convertirse en jefe de Recursos Humanos. Sin embargo, todo cambió cuando la compañía fue adquirida por otra entidad. La nueva dirección no tardó en mover ficha: contrató a una nueva directora de RRHH, relegó al protagonista a otras funciones y lo trasladó a una oficina en "condiciones precarias".

La presión culminó en una reunión decisiva con el CEO. Sobre la mesa, tres opciones: o aceptaba una reducción de sueldo drástica a cambio de mantener su empleo hasta la jubilación, o era degradado a mozo de almacén, o se enfrentaba al despido inmediato. El empleado, de 55 años, eligió la primera opción para asegurar su futuro, viendo cómo su salario mensual caía de más de 2.000 euros a poco más de 1.200. Para que el acuerdo pareciera voluntario, la empresa incluso le pidió que comunicara su decisión por correo electrónico para "facilitar las cosas".

Lo que parecía un pacto para garantizar su tranquilidad se convirtió en una trampa. Apenas un año después de firmar el acuerdo, la empresa le despidió alegando "causas objetivas". Sostenían que, tras una reorganización, su puesto había quedado "vacío de contenido" al ser asumidas sus tareas por personal más especializado. La compañía le abonó una indemnización de casi 9.000 euros, calculada sobre su nuevo y reducido salario. Meses más tarde, la empresa vendió los activos del club de pádel, y en la lista de trabajadores subrogados, él ya no figuraba.

El caso llegó a los tribunales y la justicia le ha dado la razón al trabajador. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha confirmado que el despido es improcedente, concluyendo que la empresa actuó con "mala fe y dolo". La sentencia señala que la promesa de mantener su empleo fue un "engaño" y una "maquinación urdida" con el único fin de reducir su salario y, en consecuencia, pagarle una indemnización mucho menor. El tribunal lo describe como una "pura operación mercantil" de la que el empleado fue la "víctima laboral".

A pesar de la contundente resolución, el despido no fue declarado nulo, como pedía el trabajador alegando discriminación por edad y acoso laboral. Los jueces no encontraron pruebas suficientes de acoso ni de discriminación, ya que la empresa tenía otros empleados de edad similar en puestos de responsabilidad. Aun así, la compañía ha sido condenada a readmitir al trabajador en sus condiciones originales o a pagarle una indemnización justa de casi 30.000 euros, calculada con el salario que tenía antes de la engañosa reducción.