La familia de Juan Carlos Rodríguez Borrego, el hombre que fue hallado muerto enterrado en el huerto de su casa de La Chica Carlota, ha mostrado a este periódico su preocupación ante la posibilidad de que el principal acusado pueda salir de la prisión antes de que se celebre el juicio, al haber cubierto el tiempo máximo fijado por la ley de cuatro años de prisión preventiva, fecha que se cumple el próximo 26 de junio.
Según han explicado a este periódico fuentes de la propia familia, el caso, cuya instrucción se ha desarrollado en el juzgado de instrucción número 1 de Posadas, está pendiente de celebrarse por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial con un jurado popular, pero hasta el momento y por distintos motivos no se ha podido llevar a cabo. En la calificación del fiscal y en el documento de apertura de juicio oral se pide para el acusado la pena de prisión permanente revisable, pena que también se solicita para un colaborador (abogado), a las que hay que sumar otras peticiones por otros delitos como estafa, robo con violencia, falsificación documental o tenecia ilícita de armas.
Este prolongado tiempo que se está tardando en la celebración del juicio ha hecho pensar a los familiares del fallecido que podría propiciar no solo la salida en libertad del acusado, sino también la huida del país, para eludir la acción de la Justicia.
Inquietud e incomprensión de la familia
La familia de Juan Carlos Rodríguez ha manifestado su inquietud y su incomprensión ante la situación que se está generando con un caso como éste en el que se refiere a unos hechos gravísimos y apuntan que tenían esperanza de que el acusaso, P.G.G. pudiera permanecer encarcelado porque estaba pendiente de celebrarse otra vista contra él, en Madrid, como consecuencia de su detención en en posesión de un documento con identidad falsa, a nombre de un ciudadano colombiano, causa que se ha separado de la principal del asesinato.
Este juicio, que lo lleva el juzgado número 50 de Madrid, también había sufrido distintos retrasos, pero tenía fecha de celebración para el pasado día 30 de marzo, pero problemas informáticos y de comunicación con la prisión de Córdoba, donde se encuentra recluido el acusado, impidieron que la vista se pudiera celebrar, por lo que el titular del juzgado señaló una nueva fecha de celebración en octubre.
Ante esta situación, los hermanos del fallecido reclaman que en casos como éste no se limite el tiempo de la prisión preventiva, porque se corre el peligro de que finalmente el presunto autor material de los hechos huya.
Los escritos de conclusiones provisionales a los que ha tenido acceso este periódico recogen que el fallecido, que tenía diagnosticada una enfermedad mental, contactó con el referido abogado, amigo del presunto autor material del homicidio, para emprender acciones legales por unos supuestos abusos sexuales sufridos en su infancia.
En este sentido, señalan que este letrado, "aprovechándose de dicha situación (la patología de su cliente) y sin tener intención de prestarle servicio jurídico alguno, formalizó encargo profesional con el mismo". También recogen que estableció un plan en el que, con la excusa de emplear un investigador privado para defender mejor sus intereses, puso en contacto a la víctima con el principal acusado, que utilizó una identidad falsa y se hizo pasar por sacerdote. "Y ello, a sabiendas del perfil criminal" de este procesado, a quien había representado en varios procesos penales.
Las calificaciones indican que el objetivo de los procesados fue lucrarse de la víctima, pero después de una primera visita el fallecido contactó con otro abogado diferente, lo que "precipitó los acontecimientos", según recogen estos documentos. Así, apuntan que en septiembre del 2017 el principal acusado acabó con la vida de la víctima "por estrangulación y sofocación, según concluyó posteriormente el informe de autopsia".
Añaden los citados documentos que el día seis de septiembre del 2017, el acusado, "con la irrevocable decisión de hacer desaparecer el cuerpo sin vida" de la víctima y "poder suplantar su identidad" y "disfrazado de sacerdote", adquirió en una ferretería de Valdepeñas (Ciudad Real) y con la tarjeta de crédito del fallecido, "todo lo necesario para tal fin: una carretilla, un pico, un par de guantes y un rollo de cuerda. Algunos de esos enseres fueron luego encontrados" en el domicilio de Rodríguez Borrego.
Estos escritos relatan las actuaciones posteriores al fallecimiento y recogen, entre otras circunstancias, que el principal procesado fue detenido en Madrid en enero del 2018 tras haberse apoderado, supuestamente, de unos 39.330 euros de una cuenta bancaria y alrededor de 9.000 euros de otra propiedad del difunto. Además, precisan que el segundo encartado "ha participado en los beneficios del fraude". Junto a la muerte de esta persona y el apoderamiento de su dinero, las calificaciones les atribuyen otros delitos como el robo de diversos objetos de su propiedad y la usurpación de su identidad.
