La Fiscalía mantiene la petición de 25 años de cárcel para cada uno de los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias se mantiene en sus trece en el juicio por el caso de la llamada “casa de los horrores” de Fitoria (Oviedo) y sigue solicitando para cada uno de los padres penas que superan los 25 años de prisión por haber aislado durante casi cuatro años de sus tres hijos menores en el chalé familiar. El ministerio público elevó además este jueves de 15.000 a 30.000 euros la indemnización que le reclama a los progenitores para cada uno de los menores por los daños morales sufridos.

El fiscal considera que los hechos constituyen un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y tres delitos de detención ilegal, con la agravante de parentesco. En su escrito de acusación solicita para cada uno de los acusados, un ciudadano alemán de 53 años y una estadounidense de 48— un total de 25 años y 4 meses de prisión.

Por el delito de violencia psíquica habitual la Fiscalía pide 2 años y 4 meses de prisión, además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 4 años y 6 meses y la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 3 años y 4 meses. También reclama una prohibición de aproximación a menos de 300 metros y de comunicación con los menores durante ese mismo periodo.

A ello se suman tres delitos de detención ilegal en concurso con abandono de familia, uno por cada menor, por los que el ministerio público solicita 7 años y 8 meses de prisión por cada caso, penas que se acumulan hasta superar los 25 años de cárcel para cada uno de los progenitores. En este apartado también pide prohibición de aproximación y comunicación durante 8 años y 6 meses, con suspensión del régimen de visitas que pudiera establecerse en vía civil.

Los peritos

La posición de la Fiscalía contrasta con parte de las conclusiones de los peritos que han declarado durante el juicio. El médico forense de la Audiencia Provincial, José Antonio Sánchez Moro, que examinó a los padres y a los menores, aseguró tras su intervención que los niños “están bien” y que no presentan “ninguna alteración física de ningún tipo”. Fue aún más contundente al afirmar que “no han tenido maltrato", más allá del retraso educativo y social derivado de haber pasado más de tres años aislados con sus progenitores.

El forense explicó además que los menores quieren a sus padres, los echan de menos y desean volver con ellos, y defendió que la mejor vía para avanzar en su recuperación sería una convivencia progresiva que permitiera la reunificación familiar.

En una línea similar se pronunciaron otros especialistas que comparecieron en la vista, entre ellos psicólogos y psiquiatras, que descartaron trastornos mentales graves en los progenitores y situaron el foco en las consecuencias del aislamiento prolongado y en la necesidad de una intervención asistencial y progresiva.

Las defensas

Las defensas sostienen que esas periciales refuerzan su tesis de que no existió maltrato ni voluntad criminal, sino un autoconfinamiento motivado, entre otras cosas, por el miedo al contagio tras la pandemia. Los abogados insisten en que el caso nunca debió abordarse en la jurisdicción penal y defienden que la solución debe buscarse en el ámbito social y asistencial.

El juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo continuará el próximo 19 de marzo a la una de la tarde, cuando está previsto que la defensa exponga su informe final y que los acusados ejerzan su derecho a la última palabra antes de que el procedimiento quede visto para sentencia.

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