Tres años de cárcel y multa de 50 millones al exlíder de UGT Andalucía por fraude de subvenciones

Tres años de cárcel y 50 millones de euros de multa. Esta es la pena que le ha impuesto la Sección Tercera de la Audiencia Provincial a Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de UGT en Andalucía (UGT-A), por los delitos de falsedad en documento mercantil y de fraude de subvenciones. El tribunal lo considera culpable de destinar 40.620.256,43 euros de la Junta de Andalucía "a fines distintos" a los que estaban destinados.

Estos fondos autonómicos debían utilizarse para impartir cursos de formación para personas desempleadas, aunque UGT-A dedicó este dinero "a financiar actividades propias, ajenas al fin social para el que las recibieron", según consta en la sentencia, emitida este pasado martes. Para obtener estos ingresos, "se establecieron distintas técnicas de las que se sirvieron y que fueron aceptadas por distintos proveedores para poder mantener su relación comercial con el sindicato".

Por estos hechos, los magistrados también han condenado a otros tres antiguos cargos: el exvicesecretario general de administración de UGT-A, Federico Fresneda; la que fuera secretaria de gestión económica del sindicato, María Charpín, y el entonces consejero delegado de la entidad Soralpe, Enrique Goicoechea. Todos ellos deberán cumplir tres años de prisión y abonar una sanción de 50 millones de euros, al igual que Fernández Sevilla.

Asimismo, el tribunal considera a la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez, cómplice de los delitos referidos anteriormente. Por ello le impone una pena de seis meses y dos días de cárcel, una multa de 25 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de un año y medio.

En concepto de responsabilidad civil, la Audiencia condena a los cinco altos cargos del sindicato a que indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con 40.620.256,43 euros (la misma cantidad que defraudó UGT-A). Los cuatro autores de los delitos tendrán hacer frente al 99%, mientras que Dolores Sánchez asumirá el 1% restante.