El abogado de Daniel Sancho descarta la condena a muerte: "Es una invención"

A dos días de que un tribunal tailandés dicte una sentencia que podría costarle la vida, Daniel Sancho, el joven español acusado de haber asesinado y descuartizado al cirujano Edwin Arrieta, se despertó este martes con la supuesta filtración de su condena a muerte. Y, a pesar de ello, el joven aseguraba sentirse "sereno", "tranquilo" y con mucha "confianza" en el trabajo que se ha hecho para probar que lo sucedido fue un accidente y no algo premeditado, según explica a El Periódico de España, de Prensa Ibérica, su abogado, Marcos García Montes.

Sancho, que estaría "muy contento" con la labor del abogado de oficio tailandés, se aferra ahora a la posibilidad de que el fiscal no haya conseguido demostrar con suficiente firmeza que tenía un plan para asesinar a Edwin Arrieta, sino que se trató de un desenlace fortuito después de una pelea entre ambos. En el caso del desmembramiento del cuerpo, el propio joven admitió durante el juicio que se arrepentía de haberlo hecho.

"El fiscal no ha probado nada que pueda ir más allá de una absolución o de un homicidio indolente", zanja por teléfono desde Tailandia Marcos García-Montes, que es el letrado que lidera su defensa desde España. "Esperamos, por tanto, dos posibles escenarios en los que se le podría condenar a seis o a ocho años de prisión por el homicidio más un año por el delito de profanación de cadáveres. En cualquiera de los dos casos, cuando cumpla un tercio de la condena podría pedir el traslado a España".

Sin embargo, en las últimas horas el abogado tailandés de Edwin Arrieta, según ha explicado Montes, habría publicado en su página web que ha tenido acceso anticipado a la sentencia y que ésta contiene un veredicto de pena capital para Daniel Sancho.

"Es una invención, lo tengo muy claro. No habrá condena a muerte, no puede haberla porque durante el juicio no ha quedado demostrado que hubiera premeditación", apunta García Montes, que asegura que ya ha presentado un escrito ante el tribunal en protesta por la supuesta filtración. "Además, Tailandia, que es un país que tiene un sistema judicial en el que confiamos plenamente, está adherido a los tratados internacionales de defensa de los derechos humanos y los tiene también reconocidos en su Constitución".

El veredicto no será definitivo

Por el presunto asesinato de Arrieta en agosto del año pasado, el joven español se encuentra acusado de homicidio con premeditación, ocultación del cuerpo tras el desmembramiento y destrucción de documentación de la víctima, siendo el segundo de ellos el único delito que ha admitido.

Tras varios aplazamientos, el juicio comenzó el pasado 9 de abril y se prolongó hasta el 2 de mayo, cuando quedó visto para sentencia. El fallo se conocerá este jueves 29 de agosto, aunque su resolución no será firme, pues, como explican a este periódico desde la defensa del español, pase lo que pase seguramente una de las partes recurra el veredicto.

Tanto por el descontento de la Fiscalía, de la acusación particular o de la defensa del propio Daniel Sancho, el caso tiene visos de que tendrá que ser resulto por instancias superiores, llegando, en último término, al Tribunal Supremo del país surasiático. "Calculamos que el tema quedaría resuelto allí aproximadamente en un año", explica García Montes.

Traslado a España

Una vez que Daniel Sancho tenga una condena en firme, pues la absolución sí que parece más improbable para todas las partes implicadas, su defensa tiene previsto empezar a organizar su traslado a España, país con el que Tailandia no tiene un tratado de extradición, pero sí un acuerdo que permite a los reclusos cumplir parte de su condena en su país de origen.

En este caso, Sancho debería cumplir al menos un tercio de la condena en el país donde cometió el crimen. Teniendo en cuenta que lleva un año en prisión provisional, y que, si el caso llega hasta el Supremo, al menos pasará otro más, prácticamente podría pedir ya su traslado a España. Eso, si se cumple la previsión más optimista de su defensa (6 años), mientras que la mayor (9 años), tan solo le obligaría a permanecer en una prisión tailandesa aproximadamente un año más.