TRIBUNALES

Anticorrupción pide 12 años de cárcel a Rus y el yonqui del dinero por los zombis de Taula

La Fiscalía eleva la pena a Benavent al retirarle la atenuante de confesión tras cambiar su versión | Los trabajadores zombis se enfrentan a 3 años de prisión frente a los 14 meses de los conformados

Los veintiséis acusados de la pieza de los zombis del caso Taula, el primer día del juicio.

Los veintiséis acusados de la pieza de los zombis del caso Taula, el primer día del juicio. / MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS

Laura Ballester

La Fiscalía Anticorrupción solicitará doce años de cárcel para el expresidente de la Diputación de ValènciaAlfonso Rus; su jefe de gabinete Emilio Llopis; el exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. 

Para este último, yonqui del dinero confeso, la pena de prisión es más elevada que la solicitada inicialmente ya que la Fiscalía Anticorrupción le ha retirado la atenuante de confesión, al dejar de colaborar con los investigadores del caso Taula (desde octubre de 2021, cuando cambió de abogado y se arrepintió de arrepentirse) e intentar ahora invalidar las grabaciones que originaron la investigación y con ellas todo el caso Taula que ha alcanzado las doce piezas separadas. Por ahora ya existe una condena por la pieza de Thematica Events, que aún no es firme.  

Los cuatro se enfrentan a una acusación de los presuntos delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación continuada y falsedad en documento oficial cometida por funcionario público que supuestamente cometieron por "clientelismo político y personal" y el uso de varias empresas públicas (Ciegsa e Imelsa) "para repartir favores" entre personas afines al Partido Popular

En un segundo escalón, la Fiscalía Anticorrupción sitúa a los exdirectivos de Imelsa, María Escrihuela y José Enrique Montblanch, para quien solicita seis años de cárcel por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial. También se enfrenta a la misma pena el portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de València, Rafael Rubio, por impulsar dos de estos contratos supuestamente fraudulentos con dos asesoras durante cuatro meses

En el caso de ser condenados, el Ministerio público solicita que Rus, Llopis, Benavent, Escrihuela y Montblanch indemnicen a la Diputación de València (heredera de Imelsa, después Divalterra, que ya están disueltas) con 578.160,64 de forma conjunta. Además, Benavent, Escrihuela y Montblanch también deberán devolver el dinero que cobraron en concepto de productividad y dietas que suman entre los tres 303.311,16 euros

Respecto a los trabajadores presuntamente zombis, la Fiscalía Anticorrupción ha reducido a catorce meses de prisión la pena que solicita para ellos. Una pena que, al no tener antecedentes, les evitaría cumplir la pena. En el caso del empresario Jose Adolfo V. C. la condena solicitada se reduce a seis meses de cárcel por falsedad en documento oficial cometida por particular (ha reconocido que pidió a Benavent que contratara a dos trabajadores a cargo de Imelsa que trabajaban en sus empresas). Los otros seis meses de cárcel por malversación, la Fiscalía pide que se conmute por una multa. El empresario ya ha devuelto todo el dinero de los sueldos cobrados por estas contrataciones presuntamente ficticias. 

Para los presuntos zombis no conformados, que defienden haber trabajado y niegan los hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicita finalmente tres años y tres meses de cárcel y diez años de inhabilitación, además de diez meses de multa a veinte euros por día. Además de la exigencia de devolver la cantidad cobrada en sueldos mientras estuvieron contratados en las empresas públicas Ciegsa (Conselleria de Educación) e Imelsa (Diputación de València). 

En el caso de una periodista contratada como alta directiva en Ciegsa, pero que trabajaba para la Conselleria de Educación, la Fiscalía Anticorrupción mantiene esta misma solicitud de pena de tres años y tres meses de prisión, aunque la Abogacía de la Generalitat ha decidido retirar la acusación contra ella.