Detenidas 43 personas al desmantelar un grupo dedicado a la explotación laboral de migrantes

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Málaga a 43 personas y han desarticulado un grupo criminal que, presuntamente, se dedicaba a la explotación laboral y a la regularización fraudulenta de migrantes, principalmente ciudadanos marroquíes que se encontraban en situación irregular.

Una parte de los explotados eran alojados en condiciones infrahumanas en casas propiedad de la organización, han informado desde la Comisaría provincial, apuntando que el entramado, formado por al menos siete empresas del sector agrícola, también facilitaba la comisión de supuestos fraudes a la Seguridad Social y la regularización de fraudulenta de migrantes mediante contratos de trabajo ficticios a cambio de cantidades de dinero que alcanzaban los 3.000 euros.

La investigación policial dio comienzo en el mes de noviembre del año pasado gracias a una información recibida desde la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Málaga que advertía de la existencia de varias empresas del sector agrícola, ubicadas en la provincia malagueña, que estarían utilizando su actividad legal para ocultar la comisión de varios delitos.

Las múltiples pesquisas realizadas por los agentes han permitido constatar que esas empresas investigadas eran supuestamente utilizadas por los líderes del grupo desarticulado para explotar laboralmente a ciudadanos de origen marroquí.

"Aprovechándose de su situación de necesidad y de la falta de permiso de residencia y trabajo, el entramado presentaba a estos trabajadores ante las administraciones laborales con las identidades de otros ciudadanos extranjeros que sí estaban en situación regular en el país", señala la Policía Nacional.

A través de estas empresas supuestamente también se formalizaban contratos de trabajo ficticios con migrantes que, previo pago de cantidades que oscilaban entre 1.500 y 3.000 euros, conseguían regularizar su situación mediante la obtención o renovación de permisos de residencia y trabajo, y que además les permitía de manera fraudulenta cotizar en la Seguridad Social y acceder a distintas prestaciones.

Las múltiples pesquisas realizadas por los agentes han permitido constatar que esas empresas investigadas eran supuestamente utilizadas por los líderes del grupo desarticulado para explotar laboralmente a ciudadanos de origen marroquí.

"Aprovechándose de su situación de necesidad y de la falta de permiso de residencia y trabajo, el entramado presentaba a estos trabajadores ante las administraciones laborales con las identidades de otros ciudadanos extranjeros que sí estaban en situación regular en el país", señala la Policía Nacional.

A través de estas empresas supuestamente también se formalizaban contratos de trabajo ficticios con migrantes que, previo pago de cantidades que oscilaban entre 1.500 y 3.000 euros, conseguían regularizar su situación mediante la obtención o renovación de permisos de residencia y trabajo, y que además les permitía de manera fraudulenta cotizar en la Seguridad Social y acceder a distintas prestaciones.