El pederasta de los Maristas, Joaquín Benítez, compareció este lunes en la Secretario de la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona para recoger la resolución en la que le ordena ingresar en prisión en 10 días, es decir antes del 24 de noviembre. En la actualidad, el exprofesor reside en un pueblo de Girona y podrá acudir a cualquier centro penitenciario. Hasta ahora, y a pesar de la abultada pena, el exdocente del colegio de Sants-Les Corts de la orden religiosa no ha pisado la cárcel.

A la carrera, tapado con una capucha y con una mascarilla y sin hacer declaraciones, Benítez abandonó el Palacio de Justicia de Barcelona. En la puerta, además de numerosos medio de comunicación, se personó Manuel Barbero, el padre de una de las víctimas de los abusos sexuales cometidos por el exprofesor y que impulsó el procedimiento que llevará al condenado permanecer durante años entre rejas. Al exdocente lo denunciaron una veintena de exalumnos suyos, pero solo cuatro de estas demandas se referían a delitos que la ley todavía no consideraba prescritos. Los otros 16 profesores maristas, la mayoría hermanos religiosos, no pudieron ser juzgados porque todas las denuncias de sus respectivas víctimas también habían prescrito. Aun así, la condena de Benítez es la más severa dictada hasta la fecha contra un docente por abusos sexuales.

Sentencia firme

El Tribunal Supremo confirmó el pasado 7 de octubre la condena de 21 años y nueve meses de cárcel impuesta por la Audiencia de Barcelona en abril del 2019 (después avalada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) contra el exprofesor de educación física del colegio de los Maristas de Barcelona por abusar sexualmente de cuatro alumnos cuando eran menores de edad. La decisión del alto tribunal de rechazar el recurso de Benítez originó que la sentencia dictada por la Audiencia fuera firme y, por lo tanto, era cuestión de días que se ejecutara el fallo judicial y se decretara su ingreso en la cárcel para cumplir la condena. También entonces empezaron a correr las penas de inhabilitación.

De conformidad con el Estatuto de las Víctimas, los cuatro exalumnos pueden solicitar que se les informe del estado de la causa. De esta forma, como víctimas tienen derecho a que se les notifique las resoluciones que puedan ser de su interés y, esencialmente, las que puedan suponer un riesgo para ellas. La compañía aseguradora de los Maristas depositó los 120.000 euros fijados como indemnización en la sentencia.