Un abogado se declaró culpable este jueves de estafar a un militar de la base aérea de Alcantarilla que quedó parapléjico tras un accidente de paracaidismo. Se quedó con el dinero que su cliente le entregó y que supuestamente se iba a usar para pagar informes médicos en la denuncia que iba a presentar contra el Estado ante la jurisdicción militar. Una reclamación que el tribunal desestimó sin que el letrado comunicara nada a su cliente y dejando pasar todos los plazos para poder recurrir, imposibilitando que se pudiera hacer nada procesalmente. El juicio se cerró con una conformidad este jueves en una de las secciones de la Audiencia Provincial desplazadas a Elche.

En el banquillo se sentaba el que fuera letrado del Defensor del Paciente, Raúl Díez, que acumula numerosas denuncias por estafa por hechos similares, tanto por su actividad particular como letrado, como por los pleitos que llevó mientras estuvo trabajando para dicha asociación. La Audiencia señaló este jueves hasta cuatro juicios distintos en los que estaba acusado el letrado y con la previsión de cerrarlos con una conformidad. Acuerdos que pasaban porque el letrado fuera condenado a un año de prisión en cada uno si se declaraba culpable y se comprometiera a un plan de pagos para abonar las indemnizaciones. En principio, no tendrá que ingresar en prisión, aunque esta suspensión está condicionada al pago del dinero. En caso de incumplirlo, se revisaría la situación y la posibilidad de su encarcelamiento. De las cuatro conformidades señaladas para este jueves, solo en dos se pudo alcanzar el acuerdo. En las otras dos no fue posible por problemas procesales en la notificación a las compañías de seguros.

Presuntas negligencias

El sargento Ángel Morga Yepes fue una de las víctimas del letrado y fue estafado en el pleito por el que reclamaba una indemnización al Estado por presuntas negligencias cometidas durante el traslado al centro sanitario el día que tuvo el accidente, el 18 de diciembre de 2008 y que, según su denuncia, habrían agravado el alcance de sus lesiones. "Un familiar me lo recomendó como abogado y yo al principio estaba contento con su trabajo", explicó a este diario. Al principio le iba pidiendo dinero en concepto de provisión de fondos o para ir adelantando trámites en el juzgado. "No veía ningún problema y yo iba pagando", relató. La cosa cambió a raíz de que le reclamara hasta 12.000 euros para pagar los informes médicos que tenía que presentar en el tribunal. "Me dijo que íbamos a ir a por todo", se lamentó. Una vez pagado este dinero, ya no supo nada más de él.

El abogado acusado sentado en el banquillo en uno de los juicios celebrados este jueves. ANTONIO AMOROS

«Nosotros confiábamos en él, por lo que al principio no sospechábamos nada", aseguró a este diario. Sin embargo, lo cierto es que cada vez que llamaba no cogía el teléfono, hasta que llegó un momento en que desconectó totalmente. "Un día se puso en contacto conmigo alguien del Tribunal Militar de Cartagena extrañado de que hubiéramos dejado pasar todos los plazos después de que se rechazara nuestra denuncia", aseguró. Fue el momento en que se dio en cuenta del alcance de la estafa. "Se había archivado y no hizo nada. Ni me lo notificó, ni recurrió. Dejó pasar todos los plazos y ya no había posibilidad de hacer nada, no poder reabrirlo", explicó.

Hace más de una década que presentó la querella que se cerró este jueves con esta condena dictada in voce en la Sección Séptima de la Audiencia. Con el acuerdo el letrado se compromete a abonar de 3.000 euros en noviembre a la víctima y a continuación se ha fijado un plan de pagos de 300 euros mensuales hasta que el total de la deuda, quede saldado. "Me queda un sabor amargo, pero era esto o nada. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado si yo no acepto el acuerdo?", aseguró resignado. La indemnización solo recoge la devolución del dinero que pagó en su día, pero en su interior sabe que el daño causado ha sido mucho mayor tras haberse impedido por la actitud del letrado que la Justicia entrara a valorar los supuestos errores de protocolo cometidos durante el traslado al hospital.

El acusado podría entrar en prisión en caso de que no indemnice

La sentencia, que ya es firme y contra la que no cabe recurso tras el acuerdo alcanzado en la Audiencia, condena a Raúl Díez por delitos de apropiación indebida y deslealtad profesional. Además de la suspendida condena de prisión, el fallo le impone el pago de multas y le inhabilita para ejercer la Abogacía durante dos años. Aunque en el caso de impago de la indemnización, el letrado se enfrentaría a la posibilidad de tener que entrar en la cárcel, algunos afectados dudan de que lleguen a ver dinero algún día. "Seguro que esto es una estrategia para ganar tiempo, que es lo que ha estado haciendo desde el principio", se lamentó Ángel Morga.