El propietario legal del castillo hinchable en el que murieron dos niñas de 4 y 8 años, Vera y Cayetana, y resultaron heridos siete menores más el pasado 4 de enero en Mislata, no tuvo dado de alta a un solo trabajador ni en las ferias de verano de 2021 ni en la campaña de Navidad. 

Pese a figurar como dueño de "seis o siete" de las 23 atracciones montadas en Mislata, entre ellas el castillo hinchable bautizado por el fabricante como Humor Amarillo La Selva que voló por el aire aquél día con nueve niños en su interior, Alejandro C. S. no ha tenido oficialmente ningún trabajador en el periodo investigado: del 1 de junio de 2021 al 31 de enero de 2022. Es decir, en ninguna de las ferias que el empresario montó tanto en la campaña de verano como en la de Navidad.

En ese tiempo, como mínimo, montó sus atracciones en las ferias de verano de Oliva (junio), Mislata (agosto), Moncada (septiembre), Burjassot (noviembre), Mislata (diciembre-enero) y l’Eliana (enero), tal como reconoció él mismo en el juzgado.

La falta de trabajadores se desprende de la respuesta dada a la jueza de Instrucción 4 de Mislata por la Tesorería General de la Seguridad Social tras serle requeridos los datos de la vida laboral y la actividad empresarial de Alejandro C. S. a petición de la acusación particular que ejercen los padres de Vera.

El feriante solo aporta un teléfono de un supuesto ‘empleado’ que resulta ser de una mujer sin relación con las atraciones ni los montajes

La familia: montaje, control y vigilancia

Según declaró el dueño del castillo el pasado 9 de junio, cuando compareció por primera vez ante la jueza junto con los otros dos investigados, su suegro, José Antonio M. A., y el ingeniero al que contrataron para certificar las atracciones, el alicantino José Pablo B. L. –los tres responden, por ahora, de dos delitos de homicidio imprudente–, las instalaciones las atienden él, su suegro –dueño de varias de ellas y gestor de la documentación de todas las atracciones– y otros familiares. "Diez o doce" el día del siniestro, contó en junio a la jueza.

De hecho, ese día, cuando ya se sabía que las acusaciones iban a pedir el certificado de la Tesorería, llegó a decir que "no suele tener gente contratada" y trató de convencer a la magistrada y al fiscal de que todo el montaje y el control de cada atracción "se hace con familiares".

Es más, admitió a preguntas del otro letrado de la acusación particular, el de la familia de Cayetana, que "no tengo ningún trabajador", para justo a continuación corregir y decir que sí, que uno, "desde el día anterior", es decir, desde el 8 de junio.

El suegro "controla todo el recino"

Sus afirmaciones, así como las de su suegro, de quien Alejandro C. S. afirma que es "quien se encarga de organizar los eventos [ferias]" y quien "controla todo el recinto, incluso las atracciones que no son de la familia", se ven totalmente desmentidas por hasta 13 testigos del siniestro que han descrito a varios jóvenes que desempeñaban funciones de control no solo en el castillo que voló por los aires, sino también en otras instalaciones.

De hecho, la búsqueda del chico joven, con aspecto magrebí y con una sudadera con capucha a quien describen los 13 testigos como el empleado que controlaba el castillo y que el único relacionado con el recinto que ayudó el rescate antes de desaparecer fulminantemente, es una de las prioridades de la jueza. Cuando el dueño del hinchable se escudó en que, como mucho, les ayudaban chicos desconocidos que merodean por las ferias para obtener a cambio tickets o "una pequeña cantidad de dinero", la jueza le dio cinco días para aportar los teléfonos de algunos de ellos.

Lo hizo, pero solo dio uno, que ha resultado ser de una mujer que nada tiene que ver con los feriantes ni con sus montajes.