Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos personas, un hombre de 62 años y una mujer de 31, por la supuesta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y contra los ciudadanos extranjeros. Ambos detenidos eran los responsables de dos fincas ganaderas de animales para el consumo humano en Fuente Álamo y en la Murta (Murcia).
Investigaciones realizadas por agentes especializados de la Policía Nacional en relación a este tipo de delitos, condujeron hasta la localización de estas fincas donde tuvieron lugar sendas inspecciones junto a personal del Servicio de Sanidad de la Conserjería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias así como personal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Región de Murcia.
Dichas inspecciones tuvieron como consecuencia la comprobación de las precarias condiciones de insalubridad e higiénicas en la que se encontraban los animales, localizando algunos conviviendo con otros ya muertos.
Un total de 10 trabajadores fueron identificados, todos ellos en situación irregular o ser solicitantes de Protección Internacional, al proceder de un país extranjero con nulos recursos económicos, no tener familiares ni amigos en España y tener personas dependientes de ellos económicamente en sus países de procedencia, favorece que acepten y asuman las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos.
Según las declaraciones recogidas, las jornadas laborales solían ser de 12 horas, llegando en algún caso hasta las 24. Se trabajaba los 7 días de la semana, con disponibilidad total y sin derecho a permisos aunque fueran por enfermedad ya que conllevaba a disminuciones salariales. El lugar habilitado para pernoctar y hacer vida era una antigua granja porcina que no tenía las condiciones mínimas de habitabilidad. Al parecer, en su día a día, eran sometidos de manera reiterada a humillaciones y amenazas con ser deportados si no cumplían con sus demandas.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia, el cual decreto su puesta en libertad a la espera de la celebración del juicio oral.
