Hacer recaer la responsabilidad de no haber comunicado la condena por malos tratos en las partes, en concreto en la víctima, como así se insinuaba en el comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana –«ninguno de los cónyuges informa al juzgado de Familia de la existencia de un procedimiento penal por malo tratos»– es a todas luces injusto. Así lo explica la letrada que representaba a la madre en esta demanda de divorcio, y quien también desconocía dicha información porque su cliente no se lo había comunicado.

La letrada Reyes Albero argumenta que la situación en la que viven las víctimas no les permite transmitir información que podría ayudarlas ni siquiera a su familia, o como en este caso a sus abogados, «porque están dominadas por el pánico pensando que puede ser contraproducente o enfadar más a sus maltratadores».

Los letrados solicitan medios técnicos para poder comprobar ellos los antecedentes de maltrato

«Tenía miedo de enfadar al monstruo, creía que con eso se había calmado», explica la abogada de la madre, totalmente rota y «muerta en vida» por el dolor que le ha causado su expareja asesinando lo que ella más quería, el hijo de once años que tenían en común. La mujer creía que su marido podía volver a agredirla a ella, pero «jamás pensó que podía hacerle daño al niño», sostiene Reyes Albero.

De ahí que después de los insistentes mensajes de su expareja y presunto asesino, en los que éste le exigía ver al niño, ésta accediera a dejárselo unas horas con motivo de su reciente cumpleaños.

Más de una decena de mensajes le mandó su maltratador, quebrantando así la orden que le prohibía comunicarse con ella, en una mañana. Todos ellos muy similares: «tráeme a mi hijo», «quiero ver a mi hijo».

La letrada pide que se establezcan sistemas de alarma y medios técnicos para que tanto los jueces como los propios abogados puedan acceder a toda la información penal en un procedimiento de divorcio. Además, que se establezcan pautas comunes a todos los partidos judiciales ya que actualmente está a criterio del juez o fiscal. En el caso del juez de Instancia e Instrucción Cuatro de Sueca, encargado precisamente de violencia contra la mujer, éste siempre exige los antecedentes penales antes de un procedimiento de separación.