Teléfonos intervenidos y registros. Como si de una organización de narcotráfico se tratara, un juzgado de Barcelona, la Guardia Civil y los Agents Rurals investigan a una red de tráfico ilegal de tortugas protegidas que exportaban de países exóticos, como las Islas Mauricio o las Seychelles. No solo las comercializaban en España, sino también en Europa, moviendo importantes cantidades de dinero. Un ejemplar puede valer unos 10.000 euros. Por ahora, hay ocho personas imputadas. La trama utilizaba la documentación de animales muertos o de crías nacidas en cautividad para 'blanquear' los ejemplares y poder venderlos. El objetivo es acusarlos no solo de contrabando, sino también de pertenencia a grupo criminal y falsedad

La investigación nació de una operación realizada en 2017 en Madrid contra una organización de tráfico de especies protegidas. A partir de las conversaciones telefónicas intervenidas, los agentes constaron la existencia en Catalunya de un criador de reptiles que presuntamente participaba en el lucrativo negocio. Esta persona era conocida en las ferias que se organizan sobre estos animales, algunas de ellas en el extranjero y a nivel internacional.

Ante estos indicios, el Servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía de Barcelona consideró la necesidad de pinchar más teléfonos, sobre todo el del criador de reptiles, y, para ello, presentó en febrero de 2018 una denuncia ante los juzgados. “Es un mundo muy cerrado y los que participan en él se conocen entre ellos”, explican a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, fuentes de la investigación. En esta ocasión, además, se procedió a algo inusual: el juez encargó las indagaciones sobre la trama a dos cuerpos diferentes, el Seprona, de la Guardia Civil, y a los Agents Rurals de la Generalitat.

Quincena de registros

El 23 de octubre de 2020 se procedió a realizar una quincena de registros en toda España, como Madrid, Murcia, Canarias, Galicia, Madrid y Cataluña. En la comunidad catalana, los agentes detuvieron a cuatro personas y entraron en tres registros viviendas de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat), Masquefa (Anoia) y Riells i Viabrea (Selva), liberando a 167 tortugas y se localizaron caparazones con sus chips identificativos. En todo el Estado se intervinieron 350 animales y numerosa documentación. Los investigadores también pudieron interceptar envíos de ejemplares por mensajería. 

Uno de los ejemplares encontrados por la Guardia Civil en la operación desplegada en octubre del 2020. Guardia Civil

Aunque los seres vivos rescatados son originarios de todos los rincones del planeta, el flujo principal procedía de América del Sur, un lugar de gran diversidad biológica gracias a la selva amazónica y con unos países con marcos legales menos proteccionistas que los europeos. Pero también se han encontrados ejemplares originarios de Asia, África y Oceanía. Entre las confiscadas hay tortugas de la especie estrellada de Madagascar o gigantea. La organización usaba España como puerta de entrada al continente europeo. Los investigadores sostienen que el entramado se valía de documentación falsificada o 'blanqueaban' con papeles de otros animales similares procedentes de cría en cautividad o que habían muerto.

Las mulas

La desarticulación de esta red ha permitido disolver una red de mulas, cuya principal misión era trasladarse hasta los países de origen de los animales y traer a España a los animales escondidos dentro de maletas o crías enrolladas en calcetines, encerradas en una fiambrera o en botellas de refresco. Asimismo, se descubrió una red de veterinarios que proporcionaban la documentación falsa, según la Guardia Civil. El proceso judicial está avanzado y únicamente se está a la espera de un informe del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Extgerior (Soivfe). Los imputados, de entrada, se les está investigando por contrabando y falsedad, pero la fiscalía estudia si puede aplicarles la pertenencia a un grupo criminal, con lo cual la pena podría dispararse. Las trasferencias económicas detectadas con el extranjero a algunos de los traficantes superan los 100.000 euros anuales.

Pero este no es el único golpe al tráfico ilegal de tortugas protegidas que se está investigando en los juzgados de Barcelona. El 5 de abril de 2019, la Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, intervinieron en la aduana de la Terminal 1 del aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat, 76 crías de tortugas terrestre vivas de la especie gigantea ('Aldabrachel gigantea'), de entre uno y dos años, que un pasajero de nacionalidad italiana transportaba en su equipaje. Esta persona había llegado en un vuelo procedente de la Isla Seychelles, con escala en Doha (Catar). Esta especie está considerada una de la más grandes del mundo, pudiendo llegar a alcanzar, en el caso de los machos hasta 250 kilos y en el de las hembras los 165. Otra de sus características en la longevidad: pueden vivir hasta 165 años. Meses después, en diciembre del 2020, y tirando del hilo, los agentes localizaron un zoológico ilegal en Sant Vicenç de Montalt (Maresme), donde se hallaron tortugas y otros reptiles.