La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una banda de estafadores y han detenido en Barcelona y Castellón a 58 personas que simulaban ser operarios de compañías eléctricas para estafar a comerciantes, y que se calcula que obtuvieron unos 220.000 euros con al menos 167 estafas en toda España.

Según informan este martes los dos cuerpos en un comunicado, en esta operación conjunta hay asimismo otras 12 personas investigadas, además de los 58 arrestados, todos ellos vecinos de las provincias de Barcelona y Castellón.

Este grupo criminal de expertos estafadores contaba con la infraestructura y conocimientos necesarios para hacer creer a las víctimas que habían contraído una deuda con su empresa eléctrica, ya que habían trabajado como comerciales en diferentes compañías.

Las supuestas deudas por facturas impagadas con las que engañaban y estafaban a sus víctimas oscilaban entre los 300 y los 10.000 euros, en función del tipo de comercio al que querían estafar, aunque principalmente eran del sector de la hostelería.

Los detenidos disponían de información privilegiada obtenida por los cabecillas de la trama, puesto que habían trabajado como comerciales o subagentes de empresas comercializadoras de luz y/o gas, o bien por estar en posesión de suficientes conocimientos técnicos sobre el sector.

Tras efectuar llamadas a los comercios y facilitar datos verídicos y creíbles sobre los contratos con las diferentes compañías suministradoras de energía, convencían a las víctimas de la existencia de pagos sin ejecutar, con la consiguiente deuda con las empresas energéticas contratadas.

Bajo la amenaza de que procederían al corte inminente del suministro si no abonaban la deuda, infundían temor a sus víctimas, ya que ello supondría la pérdida de material comestible y cancelaciones de clientes, por los que estas hacían efectivos los pagos mediante transferencias bancarias a cuentas que les facilitaban los estafadores.

La investigación se inició al detectar una serie de denuncias con el mismo denominador común a lo largo de todo el territorio nacional, principalmente, en zonas turísticas de Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias.

Debido a la dispersión de casos por todo el país se creó un grupo específico para llevar a cabo las pesquisas policiales, que han llevado a la desarticulación de este grupo criminal.

Hasta la fecha, el número de afectados asciende a 167, aunque podría ser mucho mayor, según estiman la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya que las investigaciones siguen abiertas.

Los detenidos han sido acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales.