Antonio González, CSIF Córdoba: «Sin un aumento real de la plantilla es muy difícil acabar con los retrasos en la Administración de Justicia»

• El 1 de julio de 2025 comenzó la primera fase de implantación de los tribunales de Instancia y el proceso culminó el 30 de diciembre con la fase más compleja. ¿Le consta que las administraciones implicadas han realizado una valoración real del impacto que esta reforma está teniendo en la Administración de Justicia en Andalucía?

La sensación que tenemos muchos profesionales es que la implantación se ha hecho con más preocupación por cumplir los plazos que por evaluar de verdad las consecuencias prácticas en los juzgados. Estamos hablando de una reforma de enorme calado organizativo que afecta al funcionamiento diario de la Administración de Justicia, a la carga de trabajo de los funcionarios y, en definitiva, al servicio que recibe el ciudadano. Sin embargo, cuesta ver una evaluación seria, transparente y compartida con quienes trabajan cada día en los órganos judiciales. Muchas veces las reformas sobre el papel y en los despachos pueden parecer positivas, pero si no van acompañadas de medios personales, herramientas informáticas fiables y una planificación realista, el riesgo es trasladar todavía más tensión a unos juzgados que ya trabajan al límite. Sinceramente, me pregunto, ¿reformamos la Justicia o tan solo la redecoramos? Es decir, ¿avanzamos de verdad o simplemente movemos los muebles del mismo cuarto?

• Muchos profesionales alertan de que los nuevos Tribunales de Instancia pueden terminar cambiando la denominación sin resolver los problemas de base, especialmente en los partidos judiciales pequeños, con uno, dos o tres juzgados y con los mismos medios personales. ¿Existe el riesgo de crear una estructura más compleja sin reforzar realmente la Justicia en los pueblos?

Ese es precisamente el temor que existe en muchos juzgados pequeños. Se está implantando una organización mucho más compleja, pero en numerosos casos con exactamente el mismo personal y los mismos recursos materiales. Al final, se pretende que todos hagan de todo como los mosqueteros: Todos para uno y uno para todos, con la fórmula inventada de “puesto compatible”. Da igual que estés destinado en la Oficina General del Registro Civil que en la oficina de actos de comunicación. La realidad diaria de los juzgados no se resuelve solo cambiando nombres o estructuras organizativas. Si no hay aumento real de plantillas, una planificación seria y medios suficientes es muy difícil pensar que los problemas de retrasos y sobrecarga vayan a solucionarse. El riesgo es evidente: generar más complejidad administrativa sin mejorar realmente el servicio al ciudadano. Ahí es donde muchos profesionales temen que el fracaso esté prácticamente garantizado.

«La Justicia necesita medios que funcionen todos los días, no herramientas que obliguen a empezar de cero»

Antonio González

— Responsable del sector de Justicia de CSIF Córdoba.

• CSIF ha sido muy crítico con la comarcalización de los juzgados de Violencia de Género de Lucena, Cabra y Pozoblanco en la Sección especializada de Córdoba. ¿Por qué consideran que este modelo puede perjudicar tanto a las víctimas como a los propios profesionales de la Justicia?

Porque existe una enorme preocupación de que se esté vendiendo como una mejora lo que, en la práctica, puede convertirse en un alejamiento de la Justicia para muchas víctimas. La violencia de género exige cercanía, rapidez, coordinación y medios suficientes y muchas veces lo que se está haciendo es concentrar servicios sin reforzar realmente las plantillas ni las infraestructuras. En numerosos partidos judiciales pequeños las víctimas van a tener que desplazarse más kilómetros, perder esa proximidad con el juzgado de referencia y afrontar un sistema todavía más saturado. Y eso en una materia tan sensible puede generar desprotección y más dificultades para denunciar. Además, a los profesionales se les está exigiendo asumir una organización mucho más compleja con los mismos medios personales, el mismo déficit tecnológico y unas cargas de trabajo que ya eran difíciles de soportar antes de la reforma. La sensación que existe en muchos órganos judiciales es que se están cambiando estructuras y nombres, pero sin abordar el problema real, que no es otro que la falta de inversión, de planificación y de recursos humanos suficientes. Cuando eso ocurre en un ámbito tan delicado como la violencia de género, el riesgo de fracaso preocupa muchísimo.

• Los profesionales de la Justicia denuncian continuamente problemas y caídas del sistema Adriano. ¿Qué les diría a los ciudadanos que ven cómo los juzgados se retrasan y por qué cree que una herramienta básica falla con tanta frecuencia?

La realidad es que muchas veces los profesionales y los funcionarios estamos preparados para sacar el trabajo adelante, pero el sistema informático nos lo pone muy difícil. Cuando Adriano se cae, no se paraliza un ordenador, sino que se paralizan juicios, escritos, notificaciones y decisiones que afectan a personas reales. Eso genera frustración dentro de los juzgados, y también fuera. No soy técnico informático, pero es evidente que cuando un sistema falla de manera tan repetida hay un problema de base. Falta de inversión, falta de actualización y probablemente una infraestructura que ya no soporta el volumen de trabajo diario de los juzgados. La sensación que tenemos quienes trabajamos en la Administración de Justicia es que el sistema está constantemente al límite. La Justicia necesita medios que funcionen todos los días, no herramientas que obliguen a empezar de cero cada dos por tres.