El Gobierno crea la oficina para indemnizar a las víctimas de abusos de la Iglesia que podrán reclamar desde este miércoles

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de la Oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que tramitará las solicitudes de reparación para indemnizar a las víctimas cuyos casos hayan prescrito. Según ha explicado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, estarán operativas desde este miércoles, cuando ya se podrán presentar reclamaciones.

La creación de la oficina, que materializa el acuerdo alcanzado con la Iglesia el pasado 8 de enero, irá acompañada de una campaña informativa de la mano de las asociaciones de víctimas de abusos. Según el protocolo que firmaron el pasado 30 de marzo el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones.

El Ministerio recibirá las solicitudes y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación y establecerá las cuantías de las indemnizaciones, lo que se comunicará a las partes. Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso y si éste no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

En el protocolo no se fijan unos baremos ni cuantías económicas. Se estudiará caso a caso. Una vez estudiado el caso y escuchadas las partes, según recoge el protocolo, la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) "en un plazo máximo de tres meses".

Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si alguna de las partes mostrara su disconformidad, se convocará la Comisión Mixta, en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas, para tratar de alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

"La Iglesia va a pagar"

La indemnización de las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial será asumida por la Iglesia católica, como se ratificó en el acuerdo del pasado 8 de enero, y partirá así de una propuesta integral de los equipos implicados. El titular de Justicia se ha mostrado convencido en que" la Iglesia va a pagar".

En primer lugar, porque "ha asumido por escrito que va a asumir el coste". Además, Bolaños ha señalado que tiene "voluntad" de ello y que el propio acuerdo establece que pagarán las diócesis y en caso de no tener fondos en última instancia la responsabilidad recaerá sobre la Conferencia Episcopal. Una "suficiente red de garantías" ha concluido para que no ocurra como en otros países, donde se firmaron estos acuerdos hace años y algunas de las víctimas todavía no han sido reparadas económicamente. Las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán recurrir al nuevo mecanismo mixto.

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