El Síndic lamenta que las Corts le intente "tapar la boca" y alerta de su "degradación democrática"

El Síndic de Greuges suele ejercer un papel de fiscal incómodo, un Pepito Grillo que irrita los oídos del Consell. Es lo que tiene asumir la defensa de los intereses de la ciudadanía frente a la Administración y quienes la getionan. Sin embargo, la novedad del informe de 2025 es que el mayor reproche no se lo lleva la actuación del poder ejecutivo (que también recibe lo suyo), sino que lo hacen los responsables del poder legislativo, el que llevan a cabo PP y Vox en las Corts y sobre los que alerta de la "degradación democrática" que traen algunas de sus reformas e incluso les afea que le intenten "tapar la boca".

Ángel Luna, síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, ha llegado este martes al parlamento valenciano junto a sus dos adjuntos, Concha Bru y Carlos Castillo con la posibilidad de ser la última presentación que realiza en tal posición "si el entramado institucional de la Comunitat Valenciana funcionara bien". Acaba mandato en diciembre, pero su renovación requiere de unas mayorías cualificadas (es decir, que apoyen partidos a izquierda y derecha) que no está clara que se pueda llevar adelante.

No obstante, no ha impedido que Luna se ponga en el papel de despedida, lo que le ha llevado a un resumen de sus siete años al frente de esta institución. Y el balance, ha aesgurado, es "decepcionante". Así, frente a la propuesta de interlocución que ha asegurado que hizo en 2019, se ha pasado a una "regresión democrática" en la relación institucional, afeando nada más comenzar que no fue citado en 2025 a explicar su informe de 2024, "incumpliendo flagrantemente la ley del Síndic".

"No respetar los derechos"

No ha sido el único punto que ha afeado Luna a los grupos parlamentarios, especialmente a los que tienen mayoría, PP y Vox, en un discurso muy duro, que ha ido más allá de cuestiones de gestión. En este sentido, ha criticado cambios políticos en el parlamento, como la reforma del reglamento o de leyes sobre los órganos estatutarios aprobadas por PP y Vox con las que, según ha indicado se está "intentando debilitar a las instituciones estatutarias sin tener la mayoría para hacerlo" y tratando de "burlar" los marcos fijados por el Estatut.

De hecho, ha denunciado la "deriva" que se está llevando a cabo y que ha indicado que se empieza "por no respetar los derechos de las instituciones y se termina por no respetar los derechos no ciudadanos". "La deriva es hacia eso, tapar la boca a las instituciones para tapar la boca a los ciudadanos", ha añadido, una advertencia sobre la que ha incidido: "Esto nos lleva a una situación de deterioro democrático tal que va a ser muy difícil recomponer unos usos y costumbres que han dado buenos resultados".

De estos puntos críticos, ha citado el cambio del reglamento de las Corts del que ha lamentado que no se acomode a la ley del Síndic sobre la exposición de su informe en el pleno y ha afeado que esta modificación "carga de interrogantes el futuro de las instituciones estatutarias con el parlamento valenciano”. Se refiere a una disposición que abre la puerta a "intervenir" las partidas de estos entes consultivos en los presupuestos y que para el Síndic es "un riesgo de presión política contrario a la autonomía e independencia que el Estatut protege mediante mayorías cualificadas".

El caso de la AVL

En este sentido ha puesto el ejemplo del episodio que afectó en 2025 a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, cuyo presupuesto fue modificado durante la tramitación parlamentaria hasta "comprometer su funcionamiento y anular en la práctica su autonomía orgánica y presupuestaria". Ante ello, el Síndic tuvo que intervenir y pidió al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad que aunque no llegó a materializarse, sí se emitió una recomendación al Consell para corregir la situación y salvaguardar la independencia de la entidad lingüística.

Para el Síndic, este episodio constituye una señal de alarma, especialmente cuando coincide con una reforma reglamentaria que permite precisamente intervenir los presupuestos de las instituciones estatutarias. El defensor advierte de que decisiones de este tipo vulneran el equilibrio institucional previsto en el Estatut, que exige mayorías reforzadas para proteger la autonomía de los organismos que garantizan derechos y libertades.

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