Los empleados públicos: el alma del bienestar en Córdoba

Cada 3 de marzo celebramos el Día del Empleado Público con legítimo orgullo. Cuando nos referimos a los servicios públicos no hablamos simplemente de estructuras impersonales, sino que es hablar, por ejemplo, de la sanidad que nos atiende cuando enfermamos, de la educación que forma a nuestros hijos e hijas, de la justicia que garantiza nuestros derechos, de los servicios sociales que protegen a las personas más vulnerables y de las administraciones que articulan el funcionamiento de nuestra sociedad. Es hablar, en definitiva, del bienestar real de los cordobeses y las cordobesas.

En la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, defendemos con firmeza que los servicios públicos son el mayor patrimonio colectivo que hemos construido. No son un privilegio, son derechos. Y como tales, deben estar blindados y ofrecer condiciones dignas a sus profesionales.

Las empleadas y empleados públicos demuestran constantemente una profesionalidad y un compromiso incuestionables, valores que se agudizan en circunstancias excepcionales. No hace falta que echemos la vista muy atrás para encontrar algunos ejemplos. El trágico accidente ferroviario en Adamuz el pasado enero puso de manifiesto la esencialidad de nuestros servicios públicos. Los equipos de emergencias, sanitarios y de seguridad fueron un ejemplo de entrega y humanidad. Destaquemos también, por supuesto, a los trabajadores de la empresa privada. El personal que se encargó de socorrer, atender y proteger a la ciudadanía representa el espíritu de solidaridad y unidad de nuestra tierra. Pero este triste suceso también evidencia la irrenunciable necesidad de contar con unos servicios públicos fuertes y bien dimensionados.

Las intensas lluvias y fuertes vientos que han azotado Córdoba en las últimas semanas también nos demuestran lo mismo. El trabajo incansable de tantos servidores públicos ha sido esencial para minimizar riesgos y proteger a la población. Su labor nos ha recordado una vez más que los servicios públicos responden cuando la ciudadanía lo necesita y es gracias al conocimiento, la dedicación y el compromiso de quienes los mantienen en pie.

En muchas ocasiones, sin embargo, el reconocimiento a nuestras empleadas y empleados públicos no pasa de las palabras e incluso se vuelve invisible. Por eso desde CSIF reclamamos medidas estructurales que garanticen un futuro sólido para lo público. Hace falta planificación a medio y largo plazo, no soluciones coyunturales.

Como sociedad nos enfrentamos a importantes retos ante los que los servicios públicos tienen un papel protagonista. Hablamos, por poner algunos ejemplos, de zonas rurales que necesitan servicios de proximidad para evitar la despoblación, de grandes áreas metropolitanas que requieren refuerzos en educación, sanidad y justicia y de una población cada vez más envejecida que demanda más recursos en dependencia y atención social. No podemos afrontar estas realidades con plantillas al límite ni con políticas de recursos humanos restrictivas. Necesitamos un impulso decidido de políticas que ayuden a garantizar derechos y a afrontar desigualdades.

Invertir en lo público no es un gasto superfluo, sino una inversión estratégica. Cada euro destinado a reforzar la sanidad pública revierte en salud, productividad y tranquilidad para las familias. Cada plaza docente consolidada es una apuesta por el talento y el futuro de nuestra tierra. Cada funcionario que atiende tras una ventanilla responde ante las necesidades de los ciudadanos.

Dentro de nuestro talante reivindicativo y negociador destacamos el acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre con el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, gracias al cual millones de servidores públicos en nuestro país se beneficiarán de una subida salarial superior al 11,4 % entre 2025 y 2028, iniciando con ello una recuperación de poder adquisitivo cercana al 3 %.

Pero siendo importantes los efectos económicos de este texto, son muchos más los puntos destacados para mejorar el servicio a la ciudadanía y las condiciones laborales del colectivo. Algunos de ellos son la eliminación de la tasa de reposición para dimensionar adecuadamente las plantillas, el fomento del teletrabajo y de la inteligencia artificial sin perjuicio de la atención presencial, el impulso de la promoción interna, de la igualdad, la conciliación y la prevención de riesgos, la mejora de los permisos y de las indemnizaciones por razón del servicio o la reclasificación de puestos de trabajo, entre otras.

CSIF puede estar muy orgulloso de haber empujado estas y otras muchas mejoras desde el minuto uno, movilizándose durante meses en solitario, tanto en Córdoba como en los ámbitos autonómico y nacional, aunando reivindicaciones con el resto de sindicatos firmantes y llevando a la mesa de negociación a un gobierno que, propugnando el diálogo como herramienta política, llevaba sin reunirse más de un año con los legítimos representantes de los empleados públicos.

En definitiva, desde CSIF celebramos este 3M reafirmando un compromiso colectivo, que nos incluye a todas y a todos: apostar por lo público, dignificar a quienes lo sostienen y exigir a todas las administraciones altura de miras y responsabilidad. Nuestro futuro se escribe cada día en las aulas, en los centros sanitarios, en los juzgados, en las áreas de servicios sociales y en cada oficina pública. Y ese futuro merece ser protegido.