Un informe advierte de un "mercado alegal" de citas administrativas que sitúa a los migrantes en un "callejón sin salida"

El informe apunta que un total de tres millones de niños en España son hijos de madre o padre de origen migrante, según se desprende del 'Informe sobre la realidad migratoria en España: Prioridades para las políticas públicas', elaborado por el Consejo Económico y Social (CES).

El departamento que dirige Elma Saiz solicito el estudio al CES "para que contribuyese a la realización de diagnósticos sobre esta realidad y aportase propuestas de actuación con el objetivo de lograr una migración ordenada, segura y regular". El documento, recogido por Europa Press, ha sido presentado este miércoles en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Madrid.

En concreto, contempla que un total de tres millones de niños en España son hijos de madre o padre de origen migrante y subraya que la inmigración ha servido para "amortiguar" el "declive demográfico".

Asimismo indica, citando los últimos datos del Padrón, que 9,5 millones de habitantes en España (el 19% de la población) ha nacido en algún país extranjero, y el 14% posee nacionalidad distinta de la española. A esta cifra hay que añadir los tres millones de hijos de madre o padre de origen migrante, "lo que incrementa significativamente su contribución demográfica en España", según los autores del documento.

Un "mercado alegal" de citas administrativas

El Consejo Económico y Social (CES) reconoce la existencia de un "mercado alegal" de citas administrativas que, según advierte, deja a los migrantes en un "callejón sin salida".

El departamento que dirige Elma Saiz solicitó el estudio al CES "para que contribuyese a la realización de diagnósticos sobre esta realidad y aportase propuestas de actuación con el objetivo de lograr una migración ordenada, segura y regular". El documento, recogido por Europa Press, ha sido presentado este miércoles en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Madrid.

En este sentido, el documento revela que las "dificultades" de acceder a una cita previa a través de Internet "se han venido agravando ante la proliferación de prácticas que acaparan aquellas de forma automática en la red y las desvían a circuitos privados, pasando a estar disponibles solo en determinados servicios profesionales y a cambio de elevados importes".

"Esas prácticas han generado un mercado alegal que se lucra de las personas extranjeras en situación de necesidad y que excluye a las que no tienen suficientes recursos económicos para costear los procedimientos, dificultando en la práctica la promoción de sus derechos o intereses legítimos ante la Administración", asegura el CES.

Desde el CES consideran que el término "alegal" es un "matiz importante" porque esta práctica no está dentro de la legalidad pero tampoco está tipificada como delito.

Esta circunstancia añade que se une "a las dificultades, o directamente imposibilidad para muchas personas, de realizar trámites por vía electrónica por falta de medios y/o preparación". "La confluencia de todo ello sitúa a muchas personas migrantes en un callejón sin salida administrativo que puede poner en riesgo su estatus migratorio, el acceso al mercado laboral o su acceso a determinados servicios", subraya.

Para el CES, "es necesario continuar realizando esfuerzos para poner fin a las mencionadas prácticas que pueden suponer la imposibilidad de obtener cita previa e implementar adicionalmente mecanismos alternativos para su obtención".

Asimismo, destaca la "necesidad" de habilitar "suficientes vías" de atención presencial "a fin de evitar la generación de este tipo de barreras administrativas, tanto para la obtención de citas previas como para la realización de los trámites requeridos".

En cuanto a trámites en materia de autorizaciones, acceso a documentos (NIE, TIE, "tarjeta roja" de personas solicitantes de protección internacional), alerta de "bastante disparidad territorial", tanto en los plazos medios de resolución como en el porcentaje de las solicitudes resueltas dentro del plazo legal de tres meses. "Se constata, así, la existencia de demoras excesivas, superándose dichos plazos en algunas provincias y periodos en estos procedimientos", apunta.

En esta línea, reclama una "mayor coordinación, simplificación y agilización" de los procedimientos administrativos de la gestión migratoria y dice que es "imprescindible" que se dote "adecuadamente" de efectivos y de medios materiales a toda la red de oficinas.

"Barreras" para la homlogación y equivalencia de títulos

El informe también refleja la existencia de "barreras" relacionadas con la homologación y equivalencia de títulos extranjeros.

Así, el CES indica que las personas de origen migrante tienen una exposición "relativamente mayor" a la sobrecualificación en los países anfitriones. En esta línea, explica que esta situación tiene lugar debido a las "barreras administrativas" para reconocer y homologar las cualificaciones y competencias adquiridas en los países de origen. Además, advierte de "obstáculos" a la transferabilidad de las competencias en el desempeño del puesto de trabajo y "dificultades" de acreditación de experiencia laboral previa y de "barreras lingüísticas".

Además, urge a garantizar el acceso a la atención de los migrantes en las oficinas consulares y de extranjería, "evitando que el uso de recursos electrónicos para la comunicación y la tramitación, algo de por sí positivo, suponga la aparición de nuevas barreras".

Por otro lado, revela que el sistema de información estadística español debe adaptarse a las recomendaciones de los organismos estadísticos internacionales sobre mejora de las variables que permitan "un mejor acercamiento a los flujos migratorios, la realidad migratoria y sus impactos con el fin de poder articular políticas adecuadas basadas en una mejor evidencia".

En la presentación del estudio, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre la mejora de las estadísticas que pide el CES, ha dicho que "recoge el guante" para aportar información más "refinada".

Además, la ministra ha trasladado el "compromiso firme" del Gobierno con las personas en situación irregular y ha destacado la figura del arraigo y la reforma del reglamento de Extrajería, que amplia supuestos y flexibiliza trámites.

ILP de regularización

Por otro lado, preguntada por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de personas, Saiz ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para que se posicionen y ha insistido en la necesidad de que se produzca este debate.

Por su parte, el presidente del CES, Antón Costas, ha apoyado la ILP que salga adelante. También ha expuesto que el análisis del Reglamento de Extranjería es "muy positivo", puesto que las modificaciones que plantea "están siendo un elemento poderoso" en lo que respecta a los efectos económicos. Si bien, ha apuntado que tiene "márgenes de mejora".