La Junta de Andalucía se enfrenta al Gobierno y no expropiará su suelo para derribar el Algarrobico

La Junta de Andalucía ha reconocido este martes que no ha ejercido su derecho de propiedad sobre el Hotel del Algarrobico, con el que podría poner fin a las polémicas que arrastra el edificio ilegal desde hace 20 años. El anuncio de expropiación por parte del Gobierno del complejo ha abierto una nueva guerra entre ambas administraciones que ven distintas soluciones al problema ambiental que supone.

El Hotel de El Algarrobico vuelve a estar en el foco después de que la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, anunciara la expropiación y posterior demolición del edificio ilegal. La decisión ha sido tomada de forma oficial este martes en el Consejo de Ministros, pero la también ministra de Hacienda pidió colaboración a la Junta, responsable del 60% del terreno, para llevarlo a cabo.

El Algarrobico abre una guerra política entre Gobierno y Junta tras 19 años con la mole de cemento en pie

"No se trata de ese extremo, se trata de insistir en la vía que se ha pactado entre dos administraciones y que un juzgado, el Tribunal Supremo, ha dicho que es la correcta", ha reprochado España a preguntas de los periodistas sobre el derecho de retracto. Como ha recordado España, la Comisión de Seguimiento para la recuperación de la playa de El Algarrobico había acordado la nulidad de la licencia en marzo de 2024.

La Junta no ejerce su derecho

Una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 permitía este derecho de retracto y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de aquel momento se reunió con las empresas responsables para ejercerlo, algo que nunca llegó a producirse. En varias ocasiones el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, se ha comprometido con la demolición del hotel ilegal, aunque esto no ha ocurrido hasta el momento. Sin embargo, y pese a que la Junta puede hacerse con la propiedad desde 2016, nueve años después, la comunidad sigue sin haber dado ningún paso en esta dirección.

España reconoce que la Junta no ha hablado con el Gobierno de España tras el anuncio que hizo este lunes Montero, tal como ha confirmado la consejera de Hacienda. Aun así, la portavoz andaluza ha lamentado que "esta es una vuelta al pasado" que "huele a proceso dilatorio". De hecho, la consejera, ha recordado que la expropiación "es susceptible de recurso y esto se puede judicializar de forma eterna", algo que no ocurriría si la Junta ejerciera su derecho de retracto.

"En marzo de 2024 el propio Gobierno hablaba de nulidad de la licencia urbanística, ¿por qué cambia ahora al método de la expropiación si ya es algo que se intentó hacer hace 20 años?", ha preguntado la consejera de Hacienda, para recordar que "en 2009 se dejó morir esa expropiación". Ante esta situación, la portavoz ha ironizado con que les digan "el día y la hora en el que van a aparecer las excavadoras".

La Junta no habla con los concejales populares

Con todo, España ha puesto el foco sobre el equipo municipal para señalar que "el Ayuntamiento está gobernado por Ciudadanos y solo presenta excusas para no llevar a cabo lo que se le ha ordenado y lo que tiene que hacer". Así, la portavoz del Gobierno andaluz ha subrayado que "lo que hay que hacer es cumplir con lo que dice el convenio", firmado en 2011 por las administraciones implicadas.

El Consistorio de Carboneras está formado por una coalición de Ciudadanos y el PP, donde el alcalde forma parte del partido naranja, pero el concejal de Urbanismo es el popular Lorenzo González Belmonte. Sin embargo, España ha defendido que, "al menos desde Hacienda", no han hablado "con nadie del Ayuntamiento" de la localidad almeriense. "Lo que le puedo decir es que el Ayuntamiento debe acatar la sentencia del TSJA, sea el que sea, que es lo que llevamos esperando mucho tiempo", ha sentenciado la consejera.

El Algarrobico se convirtió en un símbolo del ladrillazo y de la especulación urbanística y 20 años después, el hotel construido sobre el parque natural del Cabo de Gata, un valioso entorno protegido en la costa de Almería, sigue en pie. En un cruce interminable de decisiones judiciales, el Tribunal Supremo tenía sobre la mesa una decisión clave sobre la nulidad de su licencia de obras. La mole de cemento a 14 metros del mar, un complejo hotelero de 21 plantas y 411 habitaciones, tiene una veintena de sentencias confirmando su ilegalidad pero la constructora siguió batallando. Es para los ecologistas uno de los grandes ejemplos de destrucción del litoral español.