MUFACE: la sanidad privada pide al Gobierno un nuevo concierto con "condiciones aceptables" para las aseguradoras

La decisión de las aseguradoras Adeslas, ASISA y DKV de no presentarse al nuevo convenio de MUFACE para el periodo 2025-2026, ha provocado un enorme cataclismo y, sobre todo, inquietud por el futuro de la asistencia sanitaria de los funcionarios. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), patronal de la provisión sanitaria, ha planteado "la urgencia de buscar soluciones" para mantener el modelo y la Fundación IDIS ha mostrado su confianza en que la Administración "reconsidere la situación y que publique una nueva licitación que contemple unas condiciones aceptables para garantizar la supervivencia de este modelo de atención y la óptima calidad asistencial de sus usuarios". 

ASPE ha expresado su "profunda preocupación ante la asistencia médica de los pacientes mutualistas y para mantener un modelo que ha demostrado su eficacia y contribución al sistema sanitario español a lo largo de las últimas décadas". La patronal subraya el "impacto positivo del modelo MUFACE en la descongestión del sistema público y que es la opción elegida por más de 70% de los funcionarios".

Sin alternativa

Para ASPE, "no existe en la actualidad una alternativa viable al actual acuerdo con MUFACE para atender las necesidades de más de un millón y medio de mutualistas que dependen de este sistema de cobertura y que no pase por la quiebra del sistema público". La patronal de la sanidad privada se remite al informe 'El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros', elaborado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, que calcula que el modelo MUFACE ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año.

Su desaparición, continúan, supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas, además de provocar un incremento en las listas de espera del 266% para consulta externa y del 115% para una intervención quirúrgica. "Unas cifras inasumibles en un contexto en el que el sistema público de salud ya se encuentra muy tensionado", advierten.

A pesar del incremento anunciado por el Gobierno, hoy en día el importe que se destina por cada mutualista sigue siendo inferior al que el sistema público asigna por ciudadano, "generando una brecha que dificulta la viabilidad y la sostenibilidad del modelo". ASPE subraya la necesidad de equiparar la prima del mutualista con el gasto sanitario real por ciudadano, que se sitúa en 1.608 euros, para poder garantizar la sostenibilidad del sistema.

Presión asistencial

En la misma línea, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), constituida por las principales empresas e instituciones del sector sanitario y sociosanitario de España, insta a que la Administración publique "un nuevo concurso con una cuantía económica que facilite la participación de las compañías aseguradoras y, por tanto, la continuidad del modelo". 

El mutualismo administrativo abunda la entidad, reduce la presión asistencial en el sector público y evita el incremento de las listas de espera. "A la luz de los beneficios de este modelo y teniendo en cuenta la confianza de los mutualistas en el mismo, la Fundación IDIS confía en que la Administración reconsidere la situación y que publique una nueva licitación que contemple unas condiciones aceptables para garantizar la supervivencia de este modelo de atención y la óptima calidad asistencial de sus usuarios", zanja esta entidad.

"Una vez que la licitación ha quedado desierta, MUFACE como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación", indicaban este martes desde este organismo que depende del Ministerio de la Función Pública. Por ahora, los funcionarios tienen cubierta su asistencia sanitaria hasta finales de enero. "La cobertura se va a mantener hasta que haya una nueva licitación", indica el departamento que dirige Óscar López, sin aclarar los plazos. El Ministerio de Sanidad ya está "haciendo un análisis del impacto que el paso de esos funcionarios tendría en la sanidad pública".

ANPE, sindicato mayoritario en el ámbito de la enseñanza pública, "exige al Gobierno que se fije como prioridad sacar adelante una nueva licitación"

Este mismo martes, CSIF anunciaba movilizaciones para la defensa del modelo. También ANPE, sindicato mayoritario en el ámbito de la enseñanza pública, "exige al Gobierno que se fije como prioridad sacar adelante una nueva licitación que permita dar continuidad y estabilidad al sistema mediante el que se ofrece cobertura de salud a cientos de miles de funcionarios".

Como primera fuerza sindical entre el profesorado de la enseñanza pública no universitaria, ANPE "echa en falta más transparencia por parte del Gobierno y de la propia mutualidad en todo este proceso, y exige que a partir de ahora exista una comunicación más fluida con las organizaciones representativas del funcionariado".