Sira Rego: "En el entorno digital domina la ley de la selva"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado esta mañana que la autorregulación de las empresas tecnológicas es insuficiente para proteger a niñas, niños y adolescentes. “Debemos reconocer que no ha funcionado”, ha afirmado en Madrid durante su intervención en el DigitalES Summit organizado por la Asociación Española para la Digitalización.

“En el entorno digital domina la ley de la selva. La autorregulación es insuficiente porque delega en las familias la responsabilidad de desenvolverse entre las diversas aplicaciones, comprender su uso y asumir la responsabilidad de la mejor elección”, ha comentado la ministra, consciente de que los actuales sistemas de control parental de los móviles supera a las familias.

Muchas madres y padres son incapaces de saber cómo sus hijos e hijas piratean el control parental para estar navegando 'online' más tiempo del pactado, utilizando aplicaciones presuntamente vetadas o accediendo a contenidos no apropiados a su edad.

Junto con los ministerios de Presidencia y Justicia y Transformación Digital, el departamento que dirige Rego es uno de los impulsores de la futura ley de protección digital a los menores, cuyo anteproyecto se aprobó hace días en el Consejo de Ministros. Queda una larga tramitación parlamentaria por delante, pero cuando la norma sea una realidad todos los fabricantes de tecnología, desde móviles hasta tabletas, ordenadores y televisiones ‘inteligentes’, estarán obligados a incluir en los dispositivos un sistema de control parental, que será gratuito para los usuarios. El procedimiento todavía no está especificado, pero con toda probabilidad, será tan sencillo como activar el control parental una vez que se compra y configura por primera vez un móvil -o cualquier otro aparato- que vaya a ser usado por un menor. No está claro qué puede pasar en el caso de ser un 'smartphone' de segunda mano.

Rego ha destacado que el objetivo de las empresas de obtener ganancias no puede confundirse con una situación en la que se “distribuyen dividendos a costa de la seguridad de las niñas, niños y adolescentes”.