El Congreso vota este jueves la Losu: así es la nueva ley universitaria

La nueva ley que regulará el sistema universitario -la que aumentará la financiación de las facultades, reducirá la temporalidad del profesorado, luchará contra la brecha de género, apostará por la transferencia de conocimiento y mantendrá un equilibrio entre la docencia y la investigación- ha superado hoy otro trámite parlamentario: el debate en el pleno del Congreso. PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV se han mostrado a favor del texto mientras que en su contra lo han hecho PP, Vox, CUP, BNG, Ciudadanos . En la abstención se han situado partidos como Bildu. En todo caso, la votación -que será complicada, como lo ha sido el debate de hoy- tendrá lugar mañana. Fuentes del ministerio de Universidades se muestran optimistas y aseguran que encontrarán los apoyos necesarios para que salga adelante la ley. El paso final será la aprobación en el Senado.

La Losu (ley orgánica del sistema universitario) es la tercera norma universitaria de la democracia. Sustituye a la Lou, una norma aprobada hace 20 años, cuando apenas había competencias autonómicas en materia de universidad. El nuevo texto da cabida a los diferentes modelos universitarios, fomenta el idioma propio de las comunidades y lo considera como lengua de transmisión académica. Estas son algunas de las claves de la ley.

1. Estabilidad laboral de los docentes

La Losu -pensada para avanzar hacia un horizonte (lejano) de universidad gratuita- entrará en vigor en el primer semestre de 2023. Sin embargo, para todo lo que tiene que ver con el profesorado y su estabilidad laboral, la aplicación de la norma se aplazará hasta el curso 2025-26.

Será entonces cuando la temporalidad quedará reducida a un 8% (en lugar del 40% actual): docentes visitantes, distinguidos y sustitutos. Mientras, los profesores asociados (profesionales con experiencia "relevante" en la asignatura que imparten) tendrán contrato indefinido y bajarán de 180 horas lectivas a 120.

El acceso a la carrera se realizará con la figura del ayudante doctor, que tendrá un contrato de seis años (en lugar de cinco) como paso previo a la estabilización a través de las figuras de titular de universidad o permanente laboral.

2. El rectorado

El primer borrador de la norma lo elaboró el equipo del exministro Manuel Castells y contó con el desacuerdo de los rectores, disconformes con que se especificaran al detalle las normas para aspirar a ser rector o rectora. También los estudiantes mostraron su rechazo porque, en su opinión, no mejoraba nada a la actual ley (Lou, 2001). Cuando le concedieron la cartera de ministro, Joan Subirats quiso hacer suyo el texto legislativo, bastante continuista y menos reglamentario que el borrador de Castells. El texto deja ahora en manos de las universidades -que tienen autonomía propia- el establecimiento de los requisitos que un profesor deberá tener para aspirar al cargo de rector, cuyo mandato durará seis años (no cuatro, como hasta ahora) y no será renovable. En el proyecto original se decía que el rector o rectora debía ser funcionario, pero ahora eso cambia. También podrá aspirar al cargo el personal laboral. Eso sí, deberán ser doctores o doctoras a tiempo completo. El equipo rector sale reforzado en el consejo de Gobierno (un tercio).

3. 'Huelga' y formación para toda la vida

Por primera vez, se reconocerá el derecho al paro académico por parte de los estudiantes (no se llama huelga porque no son trabajadores), una práctica habitual entre los estudiantes pero que, curiosamente, no está recogida en los estatutos de muchas facultades. La representación de los estudiantes en los órganos de gobierno se ha aumentado y blindado (la norma antigua no lo especificaba. En el claustro ahora será del 25% como mínimo. En el consejo de gobierno, un mínimo de un 10%, y en los consejos de facultad y departamento, otro 25%. La ley ofrecerá formación (y microformación) a los estudiantes a lo largo de la vida. Matricularse en una facultad no solo será posible con un título académico (bachillerato y selectividad), sino que también se abre la puerta a aquellos profesionales con acreditada experiencia en un campo laboral y con competencia acreditada oficialmente.

4. Colegios mayores

Aunque el proyecto inicial no lo recogía, el texto sí que incorpora una enmienda para que los colegios mayores que segregan por sexo no estén adscritos a una universidad pública. En el debate de este lunes, la portavoz del PP ha criticado este punto. En su opinión, se trata de "demagogia" porque son las universidades, entes autónomos, los que tienen que decidir qué colegio se adscribe y cuál no. El cambio se debe a lo ocurrido este año en el colegio mayor masculino Elías Ahuja de Madrid, donde los estudiantes gritaban a las alumnas del colegio femenino situado enfrente: "Putas, salid de vuestras madrigueras, sois unas ninfómanas. Vais a follar todas en la capea".

En una reciente entrevista con El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, Subirats admitía que adscribirse significa aceptar los valores de la universidad. "No podemos mantener la incongruencia de que los estatutos de las facultades hablen de equidad y el colegio mayor segregue", añadía el ministro.

5. Brecha de género

En palabras del responsable de Universidades, la Losu "no hará milagros" para luchar contra contra la brecha de género. Pero ofrecerá herramientas para hacerlo, especialmente cuando las profesoras e investigadoras hacen un parón profesional por la maternidad. Las facultades tienen unidades de género, que están unidas en una red. Además, el grupo de trabajo de género y universidades se va reuniendo periódicamente.

6. Financiación

Respecto a la financiación, el texto incorpora el compromiso de que el 1% del PIB se dedique a la enseñanza universitaria. El Estado se compromete a aumentar la financiación mientras que las comunidades deberán comprometer a destinar los fondos recibidos a la educación superior y no a otra cosa. Habrá, no obstante, un calendario de adaptación hasta 2030.