España va a presentar este martes a la UE un plan de acción para reducir la pobreza infantil y garantizar el acceso a todos los niños a servicios claves para su desarrollo, con el objetivo de rescatar antes de 2030 a más de 700.000 niños de la situación de exclusión social en la que crecen.

España ya era antes de la pandemia el tercer país con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil de la Unión Europea, con 2,6 millones de niños en esa situación, el 30,3 %. Las cifras se han elevado, alertan los distintos informes de las entidades sociales de atención a la infancia.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, reclamó a las comunidades autónomas en la última Conferencia Sectorial, celebrada el pasado miércoles, "ambición y compromiso" para hacer frente al reto de acabar con esas cifras de pobreza y aprovechar la oportunidad que ofrece el programa europeo Garantía Infantil, en el que se destinarán casi mil millones de euros hasta 2030 para ese objetivo.

Deben aplicarlo juntos, Gobierno y administraciones autonómicas, con un plan estatal de acción que detalle las medidas y objetivos en el que llevan trabajando meses y que se presenta mañana ante la Comisión Europea. Una vez recibido el visto bueno de Bruselas a la propuesta -todavía en forma de borrador-, volverá a España para su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.

Garantizar al menos una comida saludable al día a todos los niños, educación de 0 a 3 años, que ningún menor de 6 años viva en centros de acogida (ahora hay 1.177 niños) y reducir a la mitad la brecha digital de la infancia, son algunos de los retos a los que se compromete España, recogidos en el documento, al que ha tenido acceso Efe.

Los más vulnerables

Esta radiografía de la pobreza muestra una fotografía de los niños en situación de especial vulnerabilidad en España.

Entre ellos, los niños en riesgo de pobreza o exclusión social -2.624.000-, con discapacidad -129.540-, de etnia gitana -190.000-, en el sistema de protección -49.171-, migrantes que están solos -9.228-, con privaciones graves en materia de vivienda -513.800-, en conflicto de ley -2.423- y niños de padres en situación irregular -147.000-.

Para estos últimos, principalmente, el Gobierno plantea la asignación de un número de identidad independiente de la situación administrativa de sus progenitores. Son menores que no pueden acceder a becas o ayudas para las que se pide requisitos como estar empadronados.

Hay otros grupos vulnerables pendientes de cuantificar, como los que viven en familias con un solo progenitor, numerosas y otros modelos familiares con especiales desafíos de cuidado.

En 2030, el conjunto de la infancia vivirá en hogares protegidos ante la ausencia de ingresos y todos accederán a una ayuda a la crianza, expresa el plan, que plantea igualar el gasto de protección social a las familias (ahora el 1,3 PIB) a la media de la UE (2,3).

Las metas para los próximos siete años

Educación:

- Universalizar el primer ciclo de educación infantil (la tasa de escolarización de menores de un año es del 12,4 %, el 41,9 % entre 1-2 años y el 61,4 % entre 2-3 años)

- Acceso gratuito a atención temprana y cita antes de 45 días de la petición, que coordine los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales

- Reducir las desigualdades educativas y combatir la segregación escolar por nivel socioeconómico y origen.

- Aumentar el gasto público (es el 4,23 % del PIB y la media UE-27 es 4,7) y mejorar el sistema de becas, especialmente en la educación postobligatoria.

Sanidad y Alimentación:

- Atención bucodental, óptica y de salud mental en los sistemas de atención primaria.

- Reducir el coste de medicamentos, tratamientos o prótesis esenciales para el desarrollo de la infancia.

- Acceso a comida saludable para hogares con menor nivel de renta y de actividades extraescolares que promuevan la actividad física y el ocio saludable.

Vivienda:

- Garantizar una vivienda asequible y acceso asequible a suministros y equipamientos básicos (energía, agua, saneamiento).

- Erradicar las viviendas inseguras y los asentamientos informales.

- Coordinar servicios sociales y vivienda para cubrir necesidades reales de los menores: Unas 9.000 familias gitanas viven en infraviviendas.

Gastar más y mejor

"Este plan abarca más que la recomendación europea y el impacto dependerá de cómo se aplique ese incremento del gasto en protección social para la infancia; hasta ahora España gastaba poco y mal, no estaba protegiendo a los colectivos más vulnerables", explica a Efe el experto de infancia de Unicef, Gabriel González-Bueno.

No obstante, opina que el plan de acción tiene todavía más desafíos, como la prestación universal de crianza -al menos 1.200 anuales por hijo- que llegaría a familias con problemas de acceso a medidas, como al Ingreso Mínimo Vital, y "con gran impacto en la prevención de la pobreza", además de extender las políticas de vivienda.